Malvinas: el Gobierno rechazó la guía británica y anunció que profundizará las sanciones

El Gobierno argentino rechazó la guía difundida por el Reino Unido para respaldar a empresas, proveedores e inversores que desarrollen actividades en las Islas Malvinas y anticipó que profundizará las medidas contra compañías que operen sin autorización argentina.

La Cancillería cuestionó especialmente que Londres sostenga que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las empresas vinculadas con actividades en el archipiélago. El documento británico, publicado este martes, ofrece respaldo a compañías que reciban advertencias o eventuales sanciones argentinas.

La respuesta de la Cancillería

El Gobierno ratificó la aplicación de las leyes 26.659 y 26.915, vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, y sostuvo que ese marco fue reforzado por el Decreto 868/2026.

Según la posición oficial, esas normas permiten avanzar contra empresas, inversores y proveedores que participen directa o indirectamente de actividades que la Argentina considera no autorizadas.

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La Cancillería sostuvo que “ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”.

Cerca de 180 advertencias y 60 procedimientos

El Gobierno informó que ya envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgo a personas físicas y jurídicas ubicadas en 30 países y vinculadas con actividades en las islas.

Además, señaló que existen 60 procedimientos administrativos en curso y que la Sindicatura General de la Nación presentó tres denuncias penales que alcanzan a 10 empresas y sus directivos.

La estrategia oficial contempla ampliar las medidas a nuevos actores que puedan ser identificados dentro de las cadenas comerciales, financieras y de servicios relacionadas con las actividades en Malvinas.

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El foco en el proyecto petrolero Sea Lion

Uno de los principales puntos de conflicto es Sea Lion, un proyecto de explotación hidrocarburífera ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

La Cancillería cuestionó las licencias otorgadas para avanzar con el proyecto y mencionó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, las empresas vinculadas al desarrollo del yacimiento. El Gobierno argentino sostiene que esas actividades se realizan sin autorización de las autoridades nacionales.

En ese marco, la Casa Rosada convocó a representantes diplomáticos del Reino Unido, Irlanda del Norte e Israel para transmitir sus objeciones respecto de Sea Lion y de las licencias, incentivos y contrataciones de proveedores asociados al proyecto.

La disputa también apunta a proveedores e inversores

La estrategia oficial no se limita a las empresas radicadas o que operan directamente en las islas.

El Gobierno busca alcanzar también a contratistas, financistas, aseguradoras, proveedores e inversores que participen de manera directa o indirecta de esas actividades y que tengan activos o intereses en otros países.

La Cancillería también invocó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que llama a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente una solución a la disputa de soberanía.

Argentina mantiene el reclamo por la soberanía

Al mismo tiempo que anunció una profundización de las medidas contra empresas vinculadas con actividades en las islas, el Gobierno reiteró su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido sobre la soberanía de las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La posición argentina sostiene que existe una disputa de soberanía que debe resolverse mediante negociaciones, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas.