El Gobierno retoma la iniciativa legislativa excluyendo reformas estructurales

La agenda legislativa volvió a moverse y, en mi opinión, ese es el dato político más relevante de las últimas semanas para el gobierno de Javier Milei. Después de meses marcados por el desgaste, las internas y el impacto del escándalo alrededor de Manuel Adorni, la Casa Rosada intenta recuperar iniciativa parlamentaria apoyándose en algunas señales económicas positivas y en una estrategia mucho más pragmática de lo que suele admitir públicamente. Como planteó el analista político Sergio Berensztein, el oficialismo busca volver a mostrar capacidad de acción, aunque dejando afuera justamente las reformas estructurales más profundas que prometió desde el inicio de la gestión.

Yo creo que el gobierno se siente hoy un poco más firme porque mejoraron algunos indicadores económicos y porque logró ordenar parcialmente el frente legislativo. Sin embargo, esa recuperación es parcial. Hay áreas donde la parálisis continúa y donde las tensiones internas siguen afectando la capacidad de gestión. El mejor ejemplo es el Senado, donde todavía permanecen frenadas iniciativas que Milei consideraba centrales, especialmente la reforma política. A eso se suma la ausencia del jefe de Gabinete en la Cámara alta, pese a que la Constitución establece su obligación de concurrir periódicamente al Congreso.

Berensztein marcó además un dato político delicado: el enfrentamiento entre el oficialismo y Patricia Bullrich termina debilitando la propia agenda parlamentaria del gobierno. Según explicó, Bullrich se convirtió en una figura clave dentro de la dinámica del Senado y los destratos internos impulsados desde el entorno presidencial terminan erosionando acuerdos que el oficialismo necesita para avanzar. En otras palabras, las disputas personales empiezan a tener costos concretos sobre la gobernabilidad.

Uno de los puntos más discutidos del análisis fue el llamado “Mega RIGI”, el nuevo esquema de incentivos para atraer inversiones gigantescas, especialmente vinculadas a tecnología, inteligencia artificial y centros de datos. Yo comparto la observación de Berensztein respecto de que detrás de estas propuestas aparece una contradicción importante: si la Argentina necesita regímenes excepcionales para seducir inversiones, es porque las reglas generales todavía no generan confianza suficiente.

El analista recordó que en los últimos meses se anunciaron proyectos multimillonarios ligados a figuras internacionales como Elon Musk o Sam Altman, especialmente vinculados a centros de datos en la Patagonia. Pero muchas de esas promesas no se concretaron. Y eso deja una pregunta incómoda: ¿por qué la inversión sólo aparece cuando hay beneficios extraordinarios, ventajas impositivas o regulaciones hechas a medida?

A mí me parece central una de las definiciones que dejó Berensztein: estos regímenes especiales terminan siendo una forma de dirigismo económico. El gobierno, que reivindica permanentemente la lógica del libre mercado, termina eligiendo sectores ganadores, otorgando ventajas específicas y diseñando normas particulares para determinados actores económicos. Y eso, inevitablemente, abre la puerta a nuevas presiones y pedidos de excepciones por parte de otros sectores.

Pero el núcleo del editorial estuvo puesto en otra cuestión: las grandes reformas estructurales siguen sin aparecer. Según Berensztein, el gobierno evita avanzar sobre tres transformaciones fundamentales para la Argentina. La primera es la reforma tributaria. Aunque Milei habla constantemente de bajar impuestos y eliminar distorsiones, todavía no existe un proyecto integral enviado al Congreso. Lo que hay son reducciones parciales, anuncios aislados y modificaciones graduales, pero no una redefinición profunda del sistema impositivo.

La segunda gran ausencia es la reforma previsional. Para el analista, el sistema jubilatorio argentino está quebrado y representa uno de los principales problemas fiscales del país. La caída del empleo formal y el envejecimiento poblacional agravan todavía más el escenario. Sin embargo, el gobierno evita discutir seriamente una reforma que inevitablemente tendría costos políticos muy altos. “Todos sabemos que el sistema es explosivo”, planteó Berensztein, al remarcar que cada vez hay menos trabajadores activos financiando a más jubilados.

La tercera reforma postergada es la de coparticipación federal. Desde la reforma constitucional de 1994, la Argentina sigue sin actualizar el esquema de distribución de recursos entre Nación y provincias. Aunque el gobierno comenzó a discutir acuerdos fiscales parciales para reducir impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, la reforma integral sigue completamente fuera del debate político. Y eso, según Berensztein, refleja que el oficialismo evita deliberadamente meterse con las transformaciones más difíciles.

Al mismo tiempo, el gobierno sí impulsa proyectos vinculados al lobby, el etiquetado de alimentos o la ludopatía. Son temas relevantes y necesarios, especialmente frente al crecimiento de las apuestas online y el impacto que eso tiene sobre jóvenes y adolescentes. Pero Berensztein advierte que ninguna de esas iniciativas modifica los problemas estructurales que frenan el desarrollo económico argentino.

En lo personal, me pareció especialmente interesante la hipótesis política que planteó el analista sobre la estrategia oficial. Según dijo, Milei podría estar reservándose las reformas más profundas para un eventual segundo mandato. Es decir, mantener vivas esas promesas como eje de campaña para 2027. Bajo esa lógica, el gobierno administraría políticamente las reformas pendientes para sostener su narrativa electoral y conservar capacidad de movilización futura.

La conclusión de Berensztein fue contundente: el gobierno recuperó parcialmente la iniciativa parlamentaria, pero todavía no encara los problemas de fondo. “Hablar de 15 mil reformas estructurales no convierte automáticamente en estructural todo lo que se hizo”, sostuvo. Y agregó que, salvo algunos cambios parciales como la reforma laboral, la Argentina sigue sin resolver las cuestiones centrales que condicionan su funcionamiento económico y político. Para el analista, la verdadera discusión sigue pendiente.