Punto por punto, las claves de la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal

El Poder Ejecutivo Nacional ha presentado al Congreso de la Nación un proyecto de ley destinado a eliminar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida como la Ley de Etiquetado Frontal.

La iniciativa, que fue ingresada el sábado en el Senado, cuenta con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.

En su exposición, el texto oficial argumenta que la implementación de la normativa actual, la cual se basa en los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha demostrado tener severas "limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas" que justifican su derogación.

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Entre los aspectos más destacados del proyecto se encuentran:

Derogación total: La propuesta establece la derogación completa de la Ley N° 27.642, que se haría efectiva a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Esto implica la eliminación de los octógonos negros de advertencia y las restricciones relacionadas con publicidad, entornos escolares y el uso de personajes infantiles en los envases.

Críticas al sistema "binario" y confusión al consumidor: El Gobierno argumenta que el modelo actual de perfil de nutrientes aplica criterios homogéneos a matrices alimentarias muy diversas, sin tener en cuenta las porciones consumidas ni la densidad nutricional. Según el Ejecutivo, esto genera situaciones inconsistentes, donde alimentos tradicionales y saludables reciben advertencias similares a productos ultraprocesados, lo que provoca "interpretaciones simplificadas o poco precisas" y confusión entre los consumidores.

Falta de incentivos para la industria: La Casa Rosada sostiene que la estructura binaria del sistema (contiene o no contiene la advertencia) no recompensa los esfuerzos de las empresas para realizar mejoras en la composición nutricional de sus productos.

Asimetrías en el Mercosur y perjuicios a PyMEs: El mensaje dirigido al Parlamento indica que la falta de armonización regional en el etiquetado frontal genera dificultades operativas en el Mercosur, obligando a las empresas a producir envases diferenciados. Esta situación afecta especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que enfrentan costos más altos de cumplimiento, lo que podría llevar a una concentración del mercado.

Rigidez normativa: Se critica que varios aspectos metodológicos y técnicos estén incluidos directamente en la ley, lo que limita la capacidad de adaptación del sistema a nuevos consensos científicos internacionales o a actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

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Garantía de la información tradicional: El Ejecutivo aclara que la derogación no elimina las obligaciones de información nutricional en los alimentos envasados. La declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas y sodio seguirá vigente bajo el Código Alimentario Argentino y el sistema armonizado del Mercosur, complementado por las leyes de lealtad comercial y defensa del consumidor.

Con este envío, el Gobierno ha solicitado al Congreso el "pronto tratamiento y sanción" de la norma, con el objetivo de avanzar hacia un esquema que consideran "técnicamente más consistente, uniforme y adaptable".