Blas: 11 condenas e investigarán a Mosquera y a la jefa de Policía

Fueron 50 minutos. Desde que 18.34 el juez Marcelo Jaime comenzó a leer la resolución hasta que dijo que "el juicio ha terminado" a las 19.24. 

Tiempo suficiente para que la sentencia ya quede enmarcada para siempre en la historia de los Tribunales de Córdoba. El primer juicio por el asesinato policial de Valentino Blas Correas (17) con una sentencia sin precedentes: 11 policías fueron condenados, dos de ellos a prisión perpetua, por un caso de "gatillo fácil" que marcó un antes y un después en la historia de la Policía de Córdoba.

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En primera fila, junto a la familia de Blas, estaba sentada en silencio, siguiendo con atención todo el fallo, Sonia Torres, la abuela que es un emblema de Nunca Más. Un grito que este viernes se volvió a repetir, ahora por el accionar policial en la democracia.

Una sentencia que tuvo una convocatoria inédita: jóvenes, personalidades de todo el arco político menos del oficialismo local ("lamento que no haya nadie del Gobierno de Córdoba acá para vivir toda la mierda que nosotros hemos vivido en estos casi tres años", dijo entre lágrimas la mamá de Blas, Soledad Laciar, a minutos del fallo), abuelas de Plaza de Mayo, madres de otras víctimas de "gatillo fácil", familiares de las víctimas del siniestro vial protagonizado por el legislador provincial Oscar González, las madres y padres de los bebés muertos en el Neonatal y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

Hasta la barra de Belgrano llegó a Tribunales a apoyar a la familia del joven asesinado.

Todos ellos escucharon en vivo una sentencia que remarcó que el homicidio de Blas había sido un caso de "violencia institucional". 

Los jueces reconocieron a la víctima, a sus cuatro amigos y a todos los familiares de ellos como víctimas de un acto de violencia institucional.

Además, la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba ordenó investigar por diversas responsabilidades al ahora exministro de Seguridad de Córdoba y hoy legislador por el oficialismo, Alfonso Mosquera, y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate.

Salvo la causa por el acuartelamiento policial de fines de 2013, que terminó con condenas menores para decenas de agentes, no hay antecedentes en los Tribunales de la provincia de Córdoba de un solo caso con tantos policías sentenciados como culpables.

Blas fue asesinado en los primeros minutos del jueves 6 de agosto de 2020. Viajaba en el medio del asiento trasero de un Fiat Argo en el que iba junto a cuatro amigos más, cuando a la altura del instituto Pablo Pizzurno, en la avenida Vélez Sársfield, un grupo de policías apostados en un control abrió fuego contra el vehículo porque el conductor no frenó.

Los policías policías se sentaron en el banquillo de los acusados, no sólo por el asesinato de Blas y el intento de matar a sus cuatro amigos aquella madrugada, sino también por haber montado una impresionante maquinaria para intentar encubrir el crimen. Un viejo revólver calibre 22, que estaba en el baúl de uno de los patrulleros, fue "plantado" con la intención de ensuciar a las víctimas y engañar a la Justicia, según se sostiene en el expediente.

En el fallo, no sólo se condenó a los 11 de los 13 policías que llegaron a juicio tras la investigación del fiscal José Mana, sino que ahora se ordenó que sean investigados, por diversas responsabilidades, el exministro de Seguridad Mosquera, la jefa de Policía, Liliana Zárate, además de otros funcionarios políticos y policiales.

El impacto de esta última resolución seguramente comenzará a evaluarse en las próximas horas. Tanto en el Panal como en Jefatura ya reconocían antes de que se conociera el fallo que si efectivamente los jueces ordenaban investigar al exministro y a la actual jefa de Policía se iban a enfrentar a una situación "delicada".

Mosquera (hoy legislador oficialista) y su mano derecha, Lucas Mezzano (exsubsecretario de Coordinación y Planificación Técnica y actual empleado del flamante Tribunal de Conducta Policial), serán investigados por el extraño préstamo de auto Toyota Corolla al excomisario Gonzalo Cumplido, apartado tras el crimen. En este caso, la sospecha trasciende al crimen: se pidió analizar un presunto caso de corrupción política (abuso de autoridad y/o malversación de caudales públicos).

El excomisario también será investigado, pese a haber sido sobreseído durante la instrucción, por haber tomado conocimiento en ese momento del arma "plantada".

A la actual jefa de Policía, Zárate, se la investigará por su rol como titular de Recursos Humanos, cargo que ostentaba el momento del crimen de Blas. Ella tenía a su cargo los legajos de los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón (los que dispararon contra el Fiat Argo), quienes estaban trabajando pese a tener otras imputaciones y, en el caso del segundo, de no haber aprobado una práctica de tiro. Se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público por las dificultades demostradas en el juicio en torno a la formación y el control de los policías.

Otro excomisario, Víctor Distéfano, será investigados por presuntas irregularidades en el centro de comunicaciones de la Policía aquella noche.

También se resolvió perseguir judicialmente a un grupo de alrededor de 10 policías aún no identificados que durante esa madrugada frenaron al Fiat Argo en la esquina céntrica de Corrientes y Chacabuco y evitaron que el conductor lograra llevar a Blas hasta el Hospital de Urgencias.

Y al Tribunal de Conducta Policial de aquel momento, dirigido por Ana María Becerra.

En ese punto, se leyó un fuerte reproche al Gobierno de Córdoba para que arbitre los medios para capacitar a los policías en cuanto al menejo de las armas, la preservación de la escena del crimen, el trato a las víctimas y que se profundicen las evaluaciones periódicas psicofísicas a los policías en actividad. "Para que nunca más se repita lo acreditado en el presente proceso", resaltaron los jueces.

También se indicó al Ministerio de Seguridad para que retenga el armamento de todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.

Las condenas

Cabo primero Lucas Gómez: Prisión perpetua. De su arma reglamentaria salió el balazo que mató a Blas cuando circulaba con sus amigos en un Fiat Argo por la avenida Vélez Sársfield, al sur de la ciudad de Córdoba. No sólo se lo acusa de haber matado a Blas, sino de intentar asesinar al resto de los adolescentes. Se lo acusó por el crimen y por intentar matar a los otros cuatro jóvenes.

Cabo primero Javier Catriel Alarcón: Prisión perpetua. También disparó contra el Fiat Argo esa madrugada. Se lo acusa por el homicidio de Blas (pese a que sus disparos no fueron los que mataron al joven) y por los otros cuatro intentos de homicidio. Se lo acusó por el crimen y por intentar matar a los otros cuatro jóvenes.

Agente Wanda Micaela Esquivel: Tres años y 10 meses de prisión. Estaba junto a Gómez y Alarcón cuando estos dispararon contra el Fiat Argo. Y luego, participó de manera activa en el plan para "plantarle" un revólver a las víctimas y alterar la escena del crimen.

Oficial Florencia Yamila Martínez: Cuatro años y tres meses de cárcel. También estaba junto a Gómez y Alarcón cuando estos dispararon contra el Fiat Argo. Y luego, también participó de manera activa en el plan para "plantarle" un revólver a las víctimas y alterar la escena del crimen. No denunció nada de todos esto a sus superiores.

Subcomisario Sergio Alejandro González: Cuatro años y 10 meses de encierro. Supo que Alarcón y Gómez habían disparado contra el Fiat Argo y no lo denunció en tiempo y forma. También estuvo al tanto de la maniobra para "plantar" el revólver.

Comisario inspector Walter Eduardo Soria: Cuatro años y nueve meses de prisión. Pese a contar con los datos sobre lo que realmente había sucedido, en cuanto a los autores de los disparos y las maniobras de encubrimiento, no lo denunció en su momento.

Comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo: Recibió cuatro años y ocho meses de condena. También fue uno de los primeros en llegar a la escena del crimen y tomar conocimiento de los disparos y de la idea de "plantar" el arma. No denunció en tiempo y forma.

Subcomisario Enzo Gustavo Quiroga: Cuatro años y ocho meses de prisión. El mismo reproche que se le hace a Soria y a Galleguillo. Fue a la escena del crimen, se enteró de todo y no denunció.

Oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez: Dos años y medio de cárcel condicional. Aquella noche de agosto estaba en un control ubicado en Circunvalación y Vélez Sársfield. Con el objetivo de favorecer a los acusados del crimen, al momento de declarar como testigo mintió y dijo haber recibido una denuncia de un motociclista que sindicó a los jóvenes del Fiat Argo como supuestos delincuentes. En realidad, el motociclista les dijo que había tenido una discusión vial con los ocupantes del auto. Se sospecha que mintió y agregó lo de "delincuentes" para intentar justificar los disparos de sus colegas.

Cabo Leandro Alexis Quevedo: Recibió cuatro años de condena. Estaba con Vélez en aquel control nocturno y la Justicia le endilga la misma participación delictiva en la trama de encubrimiento. Con el objetivo de favorecer a los acusados del crimen, al momento de declarar como testigo mintió y dijo haber recibido una denuncia de un motociclista que sindicó a los jóvenes del Fiat Argo como supuestos delincuentes.

Cabo Leonardo Alejandro Martínez: Absuelto. Aquella madrugada del 6 de agosto de 2020 estaba patrullando por Nueva Córdoba. Dijo que un automovilista se le acercó y denunció haber visto en la zona de la Plaza España cómo desde un auto Fiat Argo arrojaban un arma a la calle. Se señalaba en la acusación que habría mentido  para favorecer la maniobra de "plantar" el revólver y ensuciar a las víctimas.

Agente Rodrigo Emanuel Toloza: Absuelto. Era dupla de Martínez aquella madrugada. También se lo acusaba de haber mentido con el falso relato del automovilista testigo con la idea de engañar a la Justicia y favorecer a sus colegas policías.

Comisario inspector Juan Antonio Gatica: le impusieron cuatro años de condena. Ya en Jefatura, aquella madrugada del 6 de agosto se habría enterado de cómo ocurrió todo realmente de parte de los principales cuatro policías involucrados, Gómez, Alarcón, Esquivel y Martínez. Pese a esto, no denunció nada en tiempo y forma.

El fallo completo

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