El fiscal dijo que "Tito" López lavó dinero con apoyo de funcionarios públicos

El dirigente piquetero chaqueño Ramón “Tito” López fue condenado a 10 años de prisión por lavado de activos en una causa que investigó el presunto desvío de fondos públicos destinados a organizaciones sociales. Junto a él también fueron condenados su pareja, Beatriz Romero, y sus hijos David, Walter y Daniel, quienes recibieron penas de nueve años de prisión.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Resistencia tras una investigación que detectó la adquisición de miles de hectáreas, cientos de cabezas de ganado y otros bienes que, según la fiscalía, no podían justificarse con los ingresos declarados del entorno familiar.

En diálogo con Cadena 3, el fiscal federal Federico Carniel sostuvo que el juicio se centró específicamente en el lavado de activos, es decir, en “la etapa final de la ruta del dinero”.

“Nosotros detectamos que entre el patrimonio que se le encontró a este grupo de personas y el flujo de dinero que recibían existía coincidencia temporal. En la misma época en que salía el dinero ilícito se iban incorporando bienes”, explicó.

Según detalló el fiscal, lograron acreditar que “todo el patrimonio es producto de una actividad ilícita previa en connivencia con autoridades del gobierno provincial”.

Carniel afirmó que el dinero provenía de fondos públicos destinados a cooperativas y fundaciones vinculadas al Movimiento 17 de Julio, liderado por López, sucesor político de Emerenciano Sena. “Ese dinero, a través de un proceso de blanqueo, fue utilizado para adquirir la cantidad de bienes que se detectó en la investigación”, remarcó.

Durante la causa se detectó que López y su entorno incorporaron cerca de 3.000 hectáreas de tierras fiscales y alrededor de 900 cabezas de ganado.

El fiscal explicó que una de las maniobras investigadas consistía en acceder a tierras fiscales destinadas supuestamente a fines productivos para luego venderlas de manera indirecta a valores inmobiliarios. “Pagaron 1.200.000 pesos por tierras fiscales y las terminaron vendiendo por 120 millones”, afirmó.

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Según detalló, las parcelas fueron solicitadas individualmente por distintos integrantes de la familia y luego unificadas mediante un cerramiento perimetral.

Carniel también apuntó contra el funcionamiento de las fundaciones utilizadas para canalizar fondos públicos. “La mayoría de las obras se pagaron de contado y nosotros intentamos encontrar las casas construidas, pero no aparecieron”, aseguró.

El fiscal sostuvo que las organizaciones cobraban la totalidad de los proyectos sin verificaciones reales de avance de obra. “Lo que se adquirió de forma personal coincide con el dinero que iban recibiendo del gobierno. Esto es matemática pura”, señaló.

Durante la entrevista, Carniel también reflexionó sobre el funcionamiento de algunas organizaciones sociales y el vínculo con el poder político. “El sistema nació en el contexto de la crisis de 2001 para contener a personas que habían quedado fuera del sistema, pero después se transformó en un negocio”, afirmó.

Según describió, muchos dirigentes sociales terminaron construyendo “una estructura cuasi extorsiva” basada en la dependencia de personas vulnerables. “Se aprovechó esa representatividad y la connivencia con los poderes ejecutivos para hacerse de enormes sumas de dinero”, sostuvo.

El fiscal aclaró que existe una causa separada que investiga específicamente las presuntas maniobras de corrupción vinculadas con la entrega irregular de fondos públicos y confirmó que recientemente fueron procesados exfuncionarios provinciales.

Carniel explicó que la fiscalía solicitó el decomiso total de los bienes adquiridos durante la maniobra investigada. En el caso de las tierras fiscales, indicó que deberían regresar al patrimonio de la provincia del Chaco. Respecto del ganado, precisó que fue rematado durante la instrucción de la causa debido al costo de mantenimiento de los animales. “El dinero quedó depositado en una cuenta bancaria y el resto de los bienes serán decomisados si la sentencia queda firme”, indicó.

Finalmente, el fiscal lamentó el impacto social de las maniobras investigadas. “Si esos fondos se hubiesen utilizado como correspondía, posiblemente hoy habría gente viviendo mejor”, concluyó.

Entrevista de Rodolfo Barili.