El nombramiento de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema a través de un decreto presidencial generó un intenso debate en el ámbito jurídico y político en Argentina.
En ese marco, el abogado constitucionalista Diego Armesto habló del caso en Cadena 3 y, si bien admitió que "la facultad existe en la Constitución", cuestionó el modo en que se utilizó, ya que "el texto constitucional dice que la vacante tiene que producirse cuando el Senado esté en receso", por lo que "se está haciendo bajo condiciones que no son las que establece la Constitución".
En ese sentido, Armesto señaló que la designación de los nuevos jueces crea un escenario complicado: "Ahora tenés dos jueces condicionados. Uno, porque están designados en comisión por el Poder Ejecutivo y dos, están condicionados por el Senado". Esto implica que cualquier decisión del Senado puede afectar su permanencia.
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Política y Economía Fue tras fracasar las gestiones para que avancen los pliegos de sus candidatos en la Cámara Alta –ese cuerpo puede rechazarlos–. Son designaciones “en comisión” por un año legislativo.
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El abogado destacó que la Corte Suprema ha funcionado con tres miembros, y que se puede recurrir a jueces de otras instancias para asegurar su operatividad: "El primer acuerdo que hubo este año de la Corte Suprema con tres jueces, sacó 200 fallos".
Armesto también criticó la falta de consenso y el uso del decreto, por lo que consideró que "es un flaco favor que se le hace a la institucionalidad".
En efecto, esta situación plantea la necesidad de un procedimiento más claro y consensuado para la designación de jueces de la Corte, que trascienden administraciones gubernamentales.
Finalmente, Armesto concluyó que el debate sobre la legitimidad de estos nombramientos es crucial para la institucionalidad del país.
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Radioinforme 3 El politólogo Lucas Romero calificó en Cadena 3 la decisión como "el mayor atropello a las instituciones de este Gobierno". "Está tratando de buscar una Corte adicta", señaló.
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Entrevista de "Ahora País".