Qué busca Llaryora con tantos cambios

¿Qué busca Martín Llaryora con tantos cambios en tan poco tiempo? La pregunta no es caprichosa ni exagerada. Diciembre dejó una sucesión de decisiones que, vistas de manera aislada, parecen inconexas. Pero cuando se las observa en conjunto, revelan una lógica bastante clara: el gobernador entendió que su gobierno necesita un relanzamiento urgente.

Las medidas son variadas y atraviesan áreas sensibles. Avanzó con una nueva reforma jubilatoria, otro parche sobre un sistema estructuralmente deficitario que sigue esquivando el debate de fondo: si el conjunto de los cordobeses debe seguir financiando jubilaciones privilegiadas de empleados públicos provinciales y municipales. La decisión tiene una motivación evidente: ahorrar recursos. Después del error político del “impuestazo” de comienzos de 2024, Llaryora sabe que no puede volver a pagar costos de ese calibre. La necesidad fiscal manda, aunque la solución sea incompleta.

En paralelo, el gobernador se anticipó a la renovación del Ministerio Público Fiscal y designó con meses de antelación al sucesor del fiscal general Juan Manuel Delgado. El elegido, Carlos Rubén Lescano, es un hombre del oficialismo. Nada nuevo bajo el sol: hace años que la Justicia cordobesa se nutre casi exclusivamente de nombramientos alineados con el poder político de turno. La novedad no es el método, sino el momento y la velocidad.

A eso se sumó la creación de la Procuración Penitenciaria, un organismo destinado a controlar a quienes controlan a los presos. Más Estado para vigilar al Estado, mientras se acumulan causas graves vinculadas a corrupción y narcotráfico dentro del sistema penitenciario. La paradoja es evidente: se multiplican las estructuras, pero los problemas centrales siguen intactos.

Hubo también cambio de jefe de Policía, con la asunción de Marcelo Marín, una decisión más habitual dentro de los rituales del poder provincial, aunque no exenta de lectura política en un contexto de reordenamiento general. Y reapareció el debate sobre los “naranjitas” y los limpiavidrios, como si no existieran ya leyes y ordenanzas que permiten actuar. La norma está; lo que falta es la decisión política de aplicarla siempre y no según la conveniencia del día. En Córdoba, la ley funciona como un semáforo caprichoso: a veces verde, a veces rojo.

Pero el movimiento más revelador está en el plano político puro. La creación del Ministerio de Vinculación con la Comunidad, encabezado por Miguel Siciliano, y el desembarco de Marcelo Rodio en la Agencia Córdoba Cultura no son gestos administrativos: son decisiones de campaña anticipada. Se trata de dirigentes con experiencia territorial, caja, contactos y músculo político. Cultura “en los barrios”, vinculación “con la comunidad”: palabras amables para describir una estrategia clásica de reconstrucción de poder y recuperación de vínculos electorales.

Nada de esto es casual. Llaryora viene de una derrota electoral dura el 26 de octubre. No define una elección provincial, pero sí envía una señal potente. El gobernador la leyó correctamente: si no cambia el rumbo, su proyecto de reelección en 2027 entra en zona de riesgo. Por eso acelera, mueve fichas, reordena el gabinete y activa debates que estaban dormidos.

En definitiva, los cambios no responden a una visión reformista integral ni a un plan de largo plazo claramente explicitado. Responden a una necesidad política inmediata: reposicionar a un gobierno que perdió conexión con una parte del electorado. El tiempo dirá si alcanza. Por ahora, el mensaje es claro: Llaryora decidió moverse porque entendió que quedarse quieto era el mayor de los peligros.