Milei y la oportunidad perdida contra la dictadura de la CGT

Javier Milei llegó al poder con un discurso disruptivo, prometiendo romper con las estructuras anquilosadas que frenan el progreso argentino. Sin embargo, en uno de los temas más sensibles y estructurales, la reforma laboral, optó por esquivar el núcleo del problema. Lo que no ocurrió es mucho más revelador que lo que se aprobó: el gobierno decidió no tocar el recurso fundamental que garantiza que la Argentina mantenga un sistema dictatorial en la representación de sus trabajadores. 

Cuando en 1983 la democracia regresó al país tras la dictadura militar, se recuperaron muchas instituciones, pero el sindicalismo quedó congelado en el tiempo. Durante la dictadura, los gremios estuvieron intervenidos; al producirse la normalización sindical entre 1984 y 1985, muchos de los viejos caciques volvieron o se mantuvieron en sus puestos. Hubo un intento serio de avanzar hacia la democratización sindical: en marzo de 1984, Raúl Alfonsín impulsó una ley en ese sentido, pero perdió la votación en el Senado.  

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Desde entonces, en la gran mayoría de los gremios argentinos no existe democracia real. Sí, hay elecciones formales, y excepciones honrosas (algunos gremios en Córdoba permiten vida sindical genuina, con agrupaciones, contiendas y recambio de conducciones). A nivel nacional también existen casos aislados. Pero la renovación en la CGT y en los grandes sindicatos ha dependido casi exclusivamente de la enfermedad o la muerte de sus secretarios generales.

Hay dirigentes que ocupan sus cargos desde 1984, hoy con 80 o 85 años, aferrados al poder como si fuera una propiedad privada. Y no hablemos de los recursos que manejan: antes se disimulaba, ahora ya no. Basta ver en qué autos llegan a los plenarios de la CGT para comprobar que estos “representantes de los trabajadores” poseen fortunas comparables (o superiores) a las de los empresarios a los que dicen confrontar. 

La reforma laboral impulsada por Milei preservó intactos dos pilares esenciales del poder sindical: el manejo exclusivo de los fondos provenientes de las cuotas sindicales (que siguen siendo obligatorias) y, sobre todo, el control y la administración de las obras sociales, es decir, de la salud de los trabajadores. Ese derecho fue otorgado originalmente al movimiento sindical peronista por un dictador: Juan Carlos Onganía. Décadas después, un presidente libertario decidió no modificarlo. 

¿Por qué se mantiene este statu quo? Porque durante años (no solo en gobiernos peronistas, sino también en administraciones de Alfonsín, De la Rúa, Macri y ahora Milei) se instaló y sostuvo un argumento conveniente: los sindicalistas “peronistas” serían la garantía contra el acceso de sectores radicalizados de izquierda a las organizaciones gremiales. Ese relato, nacido en plena Guerra Fría y con más de 80 años de antigüedad, sigue vigente como excusa perfecta. Pero miremos los números: los partidos trotskistas y de izquierda dogmática representan, con mucha suerte, entre el 2% y el 3% del electorado argentino cada dos años. 

¿De verdad alguien puede creer que, si hubiera democracia sindical genuina (con listas abiertas, elecciones limpias y alternancia real), esos sectores minoritarios se apoderarían del movimiento obrero? Los trabajadores argentinos no son mayoritariamente de izquierda; tienden a ser conservadores y han votado históricamente por opciones de centro, centro-derecha o populismos moderados (peronismo, macrismo, radicalismo, el propio mileísmo). 

El cuento de los “gordos” como mal menor frente al supuesto peligro izquierdista ya no convence a casi nadie, pero sigue sirviendo para justificar que nada cambie. Milei, que se presentó como el rompedor de privilegios, prolongó (por acción u omisión) la dictadura sindical. Otra oportunidad perdida. Y mientras tanto, los mismos de siempre siguen manejando fortunas y la salud de millones, sin rendir cuentas a nadie más que a su propia eternidad en el poder.