Gobernar también es explicar

El Gobierno perdió. Conviene decirlo sin rodeos: el rechazo a la modificación de la Ley de Tierras representa una derrota política. No necesariamente porque la iniciativa fuera inviable o perjudicial, sino porque el oficialismo no consiguió explicar para qué quería cambiarla.

Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil y antecesor de Luiz Inácio Lula da Silva, sintetizó alguna vez un principio fundamental de la política: gobernar es explicar. El Gobierno de Javier Milei parece haberlo olvidado en esta discusión.

Sus funcionarios pudieron sostener que modificar la legislación no implicaba un peligro para el territorio nacional. También intentaron responder algunas de las críticas y relativizar los riesgos denunciados por la oposición. Sin embargo, nunca consiguieron transmitir con claridad cuál era el objetivo concreto de la reforma, qué problema buscaba resolver y qué beneficios tendría para la Argentina.

Ante ese vacío, aparecieron los temores, las teorías conspirativas y los prejuicios que históricamente rodean cualquier debate sobre la propiedad de tierras por parte de extranjeros. Es un asunto especialmente sensible, en el que abundan más las consignas que el conocimiento.

Los gobernadores aliados, que acompañan al oficialismo en numerosos proyectos pero no son incondicionales, tomaron nota de ese clima social. También hicieron valer una realidad que el propio Gobierno conoce: no tiene mayoría absoluta en el Congreso. Puede aprobar leyes importantes, como ya lo demostró, pero también corre el riesgo de perder cuando no construye los acuerdos necesarios.

Esta vez perdió porque no logró convencer. Y no logró convencer porque no explicó lo suficiente.

La Ley de Tierras Rurales fue sancionada en 2011, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces, existen cuestionamientos sobre su aplicación y cumplimiento en distintas regiones del país. Misiones aparece habitualmente como uno de los ejemplos más discutidos. Por lo tanto, no se trata de un asunto nuevo ni de un problema inventado por el actual Gobierno.

Pero si la normativa está incumplida, si genera distorsiones o si necesita ser actualizada para favorecer inversiones, el oficialismo debía demostrarlo con datos, argumentos y objetivos precisos. No alcanzaba con asegurar que la reforma no era peligrosa. Había que explicar por qué era necesaria.

El contraste con la discusión sobre la Ley de Glaciares resulta evidente. Allí también existían temores ambientales, resistencias políticas y fuertes prejuicios. Sin embargo, el Gobierno presentó una razón concreta: modificar los criterios de aplicación y control era, según su postura, una condición necesaria para impulsar la megaminería.

Los gobernadores cordilleranos entendieron el planteo, encontraron un interés para sus provincias y acompañaron masivamente la iniciativa. El Congreso pudo discutir una propuesta vinculada con un objetivo identificable: si la Argentina quería desarrollar la minería a gran escala, debía revisar determinadas reglas y devolverles capacidad de decisión a las jurisdicciones provinciales.

Con la Ley de Tierras no ocurrió lo mismo. El Gobierno pidió una modificación sin construir previamente una explicación capaz de atravesar los prejuicios y despejar las sospechas. En política, cuando quedan espacios vacíos, alguien los ocupa. Esta vez fueron ocupados por el temor, las especulaciones y la conveniencia de los gobernadores de resguardarse frente a la opinión pública.

No está mal que la Argentina discuta en profundidad la propiedad de la tierra, los límites a los compradores extranjeros y el modo de atraer inversiones sin comprometer intereses estratégicos. Por el contrario, es una discusión necesaria. Pero precisamente por su importancia no puede resolverse mediante consignas, simplificaciones ni acusaciones cruzadas.

El Gobierno deberá decidir ahora si interpreta el resultado únicamente como una maniobra de la oposición o si reconoce su propia responsabilidad. Tiene capacidad para aprobar reformas trascendentes, pero esa fortaleza no elimina su fragilidad parlamentaria.

Sin mayoría propia, cada proyecto exige argumentos, acuerdos y pedagogía política. Gobernar no es solamente impulsar cambios. También es explicar por qué deben hacerse.