Dos proyectos de ley y un desafío para el Gobierno en el límite de la campaña electoral

En la Argentina, los años electorales suelen paralizar el Congreso. En realidad, la parálisis empieza bastante antes: cuando los bloques dejan de discutir proyectos y comienzan a calcular alianzas, candidaturas y costos políticos. Por eso, la actividad legislativa de esta semana puede representar una de las últimas pruebas importantes para el Gobierno antes de que la campaña electoral vuelva casi imposible cualquier reforma de fondo.

Las elecciones nacionales serán el año próximo, pero la campaña comenzará en febrero, con los comicios anticipados en varias provincias. Desde entonces, cada gobernador, cada partido provincial y cada bloque parlamentario empezará a jugar su propia elección.

Ese escenario es especialmente complejo para Javier Milei. Aunque La Libertad Avanza amplió su representación parlamentaria en 2025, todavía necesita el acompañamiento de gobernadores peronistas, fuerzas provinciales y sectores aliados para construir mayorías en ambas cámaras.

El antecedente inmediato tampoco resulta tranquilizador. Durante la campaña de 2025, el kirchnerismo consiguió coincidir con sectores que hasta entonces habían acompañado al oficialismo y aprobar una serie de leyes contrarias a los intereses del Gobierno. Aquella experiencia podría repetirse, incluso con mayor intensidad, a medida que se acerquen las elecciones de 2027.

Por eso, la sesión prevista para este miércoles en Diputados tiene una trascendencia que supera a los proyectos incluidos en el temario. Será una prueba sobre la capacidad del Gobierno para conservar su mayoría circunstancial cuando el calendario político comienza a acortarse.

La Cámara baja deberá tratar dos iniciativas centrales: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II. La sesión especial fue convocada para este miércoles a las 12.

La primera busca darle mayor autonomía al Banco Central, establecer como objetivo primordial la preservación del valor de la moneda y prohibir el financiamiento del Tesoro mediante la emisión. Es una reforma que avanza en el sentido correcto: pretende colocar la política monetaria a resguardo de las urgencias fiscales y los vaivenes de los gobiernos.

Sin embargo, su eficacia dependerá de algo que la Argentina todavía no ha conseguido garantizar: el respeto sostenido por las reglas. Una ley destinada a fortalecer la independencia del Banco Central servirá de poco si, ante la primera crisis, otro gobierno decide modificarla, ignorarla o derogarla para volver a financiar el gasto público con emisión.

La autonomía no se construye solamente con una norma. También requiere instituciones capaces de resistir las necesidades políticas del momento. Sin esa continuidad, la reforma podría convertirse apenas en otra declaración de buenas intenciones.

El segundo proyecto, denominado Inocencia Fiscal II, busca fortalecer las garantías de los contribuyentes frente a ARCA, la antigua AFIP. El principio central es sencillo: debe ser el organismo recaudador el que investigue y demuestre una eventual evasión, en lugar de colocar sobre el ciudadano la obligación permanente de probar su inocencia.

También es una iniciativa coherente con el rumbo económico que pretende establecer el Gobierno. La relación entre el Estado y el contribuyente no debería partir de la presunción automática de culpabilidad.

Mientras Diputados discute esas dos reformas, el Senado tiene por delante el tratamiento de más de 50 pliegos judiciales. La cantidad revela tanto la magnitud de las vacantes acumuladas como la amplitud del acuerdo político necesario para cubrirlas.

El oficialismo necesita dos tercios de los senadores presentes y, por lo tanto, debe negociar incluso con el kirchnerismo. Entre las postulaciones aparecen candidatos de distintos orígenes y vinculaciones políticas, como suele ocurrir cuando se construyen acuerdos de semejante alcance.

Dentro de ese paquete, el Gobierno presta especial atención a los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar de manera definitiva la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña. Bertuzzi ya ocupa un lugar en ese tribunal a partir de un traslado realizado durante el gobierno de Mauricio Macri, pero ahora busca completar el procedimiento constitucional de designación.

La Cámara Federal revisa las decisiones de los jueces de Comodoro Py y deberá intervenir en expedientes sensibles para el oficialismo, como las causas por el caso $LIBRA y las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. Ambos candidatos ya atravesaron la audiencia pública en el Senado.

Esa circunstancia no permite afirmar por sí sola que exista una maniobra para influir en esas investigaciones. Pero sí obliga a observar con especial atención la negociación y a exigir transparencia en la selección de quienes deberán revisar causas que involucran al poder político.

Si el Gobierno logra aprobar las reformas en Diputados y avanzar con los pliegos en el Senado, habrá obtenido un triunfo legislativo importante. Probablemente, también uno de los últimos antes de que la campaña electoral domine por completo la agenda parlamentaria.

Las reformas tributaria y previsional, mucho más complejas y costosas políticamente, difícilmente sean afrontadas antes de las elecciones. Si quedan postergadas hasta después de noviembre de 2027, la Argentina habrá perdido más de un año esperando condiciones políticas favorables.

En un país que necesita cambios urgentes, ese plazo es una eternidad. Ojalá el Congreso demuestre que el calendario electoral no constituye una excusa suficiente para volver a detenerlo todo.