Créditos hipotecarios: la economía obliga a Milei a flexibilizar su libreto

El Gobierno utilizará $2 billones del fondo de la Anses para impulsar préstamos a largo plazo. No es un "plan platita", pero revela la necesidad oficial de mostrar una mejora antes de las elecciones de 2027.

El anuncio de Luis Caputo sobre los créditos hipotecarios tiene una explicación financiera, pero también una lectura política. En el fondo, representa una intervención del Estado para intentar reactivar un sector deprimido y exhibe una dosis de pragmatismo dentro de un Gobierno que suele rechazar este tipo de herramientas.

La medida contempla destinar hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para financiar créditos destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de una vivienda única.

El dinero no será entregado directamente por la Anses a las familias. El organismo licitará depósitos a plazo fijo entre los bancos, que luego deberán utilizar esos recursos para otorgar préstamos hipotecarios a sus clientes.

La primera licitación será por $200.000 millones. Las entidades financieras deberán remunerar esos depósitos con tasas ajustadas por UVA y competirán entre sí para quedarse con los fondos. A cambio, tendrán que prestar el dinero a un plazo mínimo de 15 años y con una tasa que no podrá superar UVA más 7,5%.

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• Cifra pequeña para Anses, pero relevante para el mercado

Los $2 billones representan menos del 2% de los aproximadamente $113 billones que administra el FGS. Desde esa perspectiva, la exposición es acotada.

Sin embargo, la cifra adquiere otra dimensión al compararla con los cerca de $17 billones que conforman actualmente el stock de créditos hipotecarios vigentes en Argentina. El programa podría incrementar ese volumen en alrededor de un 12% y, según las estimaciones oficiales, permitiría financiar unas 18.000 viviendas.

Tampoco se trata de entregar gratuitamente el dinero de los jubilados. Los bancos deberán pagarle un rendimiento a la Anses y los beneficiarios tendrán que devolver préstamos ajustados por inflación. Además, los créditos UVA muestran hasta ahora niveles reducidos de morosidad, aunque para muchas familias hayan significado un esfuerzo creciente.

Caputo presentó como ejemplo un préstamo de US$80.000 para comprar una propiedad valuada en unos US$110.000 o US$120.000. Con las condiciones anunciadas, la cuota inicial rondaría los $865.000 mensuales. Para que esa obligación no supere el 25% de los ingresos, el grupo familiar debería acreditar alrededor de $3,5 millones por mes.

Ese requisito anticipa uno de los límites del programa: difícilmente alcance a los sectores de menores ingresos o a quienes trabajan en la informalidad. Su impacto se concentraría principalmente en familias de clase media con capacidad de ahorro, ingresos demostrables y dinero suficiente para cubrir la parte del inmueble que el banco no financie.

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• La necesidad comenzó a pesar más que la ortodoxia

La principal señal política está en la decisión del Gobierno de intervenir, aunque sea de manera limitada, para ampliar el crédito. Los bancos sostienen que no pueden financiar préstamos a 20 o 30 años si reciben depósitos mayoritariamente a 30 días. Ante esa dificultad, el Estado utilizará recursos que administra para ofrecerles fondeo de mayor duración.

No es una intervención tradicional, con subsidios directos o transferencias sin devolución. El mecanismo utiliza una licitación entre entidades privadas y procura resguardar la rentabilidad del FGS. Aun así, supone que el Estado selecciona un sector, aporta financiamiento y establece las condiciones bajo las cuales deberán prestarse esos recursos.

Esa decisión introduce un matiz frente al discurso más ortodoxo de Javier Milei. El Presidente suele sostener que el Estado no debe orientar el crédito ni intervenir para impulsar actividades económicas. Sin embargo, la debilidad del consumo, el freno de la construcción y las dificultades para pagar alquileres comenzaron a imponer otra urgencia.

Caputo ya lo había anticipado dos semanas antes en la Bolsa de Comercio de Córdoba. "No somos tan ingenuos", dijo entonces al adelantar que el Gobierno preparaba medidas. El mensaje era político: la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no necesariamente alcanzará para modificar rápidamente la situación cotidiana de las familias.

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• No es un "plan platita", pero sí una señal electoral

El programa hipotecario no puede definirse como un "plan platita". No entrega dinero para estimular el consumo inmediato ni compromete una porción significativa del patrimonio del FGS. Los recursos serán invertidos, tendrán una contraprestación y deberán ser devueltos.

Pero la medida sí constituye una señal política. El Gobierno parece haber comprendido que necesita mostrar resultados concretos antes de las elecciones de 2027. La baja de la inflación y el equilibrio fiscal pueden ordenar las variables generales, pero no garantizan por sí mismos una recuperación visible del empleo, los salarios, el crédito o la capacidad de consumo.

La misma preocupación aparece en otros distritos. Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, Rolando Figueroa en Neuquén y Martín Llaryora en Córdoba impulsaron medidas para aliviar el costo de las deudas personales o de las tarjetas mediante reducciones tributarias.

No son políticas idénticas, pero parten de un diagnóstico común: el endeudamiento de las familias, la falta de crédito accesible y el deterioro de las finanzas personales se están convirtiendo en un problema político.

El plan anunciado por Caputo es limitado y su verdadero alcance dependerá de la participación de los bancos, de las tasas ofrecidas y de la capacidad de las familias para cumplir los requisitos. Pero marca un cambio relevante: el Gobierno aceptó utilizar una herramienta estatal para intentar mover la economía real.

No es un abandono del programa de Milei. Es una corrección pragmática ante una realidad que empieza a pesar más que la pureza doctrinaria. Porque, cuando llegue el momento de votar, la economía seguirá siendo la protagonista. Pero no solamente la economía de las estadísticas: también la del alquiler, la cuota, la deuda y la posibilidad —cada vez más lejana para muchos— de acceder a una vivienda propia.

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