Caso Andis: una espina clavada en el apogeo libertario

La reactivación de la causa Andis deja dos verdades incómodas: la dimensión del presunto esquema investigado y la fragilidad de cualquier administración que no controle con rigor a quienes pone en cargos públicos. La presencia de Spagnuolo —ex titular del organismo— en Comodoro Py y las revelaciones sobre mensajes de WhatsApp son sólo el comienzo de lo que puede convertirse en una investigación que suba varios escalones en la escala de poder; la causa ya no es un episodio aislado, es un hilo que, si se tira con cuidado, puede desenredar una madeja mucho más amplia.

Los datos que salieron a la luz en las últimas horas son, por lo menos, llamativos: el allanamiento a Ornela Calvete y el hallazgo de 700.000 dólares que no pudo justificar, la donación de seis inmuebles por parte de su padre Miguel Calvete —detenido— y su vinculación sentimental con un alto funcionario aún en funciones. Todo eso, combinado con denuncias iniciales sobre sobreprecios y concentración de contratos en pocas empresas del rubro, plantea la pregunta inevitable: ¿hasta dónde llega la trama y quiénes más están detrás?

Aquí hay dos lecturas complementarias. La primera es judicial: la investigación sigue su curso y corresponde al Ministerio Público y a la Justicia determinar responsabilidades. La segunda es política y administrativa: lo que está ocurriendo revela un problema estructural que no es novedoso en la Argentina, pero que debería alarmar a quienes ocupan hoy la Casa Rosada. Los gobiernos que llegan al poder sin redes orgánicas de cuadros probados suelen tropezar con lo mismo: llenan vacíos con fichajes apresurados, con amigos o con referentes de campaña sin experiencia en gestión, y abren la puerta a lo que en los chats aparece descrito como “infiltraciones” o colocaciones que terminan por dar acceso directo a fondos y contratos públicos.

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Si este Gobierno atraviesa su mejor momento —por acuerdos internacionales, por el triunfo electoral, por la expectativa positiva en la sociedad— justamente ese momento es el más oportuno para actuar con firmeza y prevención. No se trata solo de dejar que la Justicia avance; se trata de revisar urgentemente los nombramientos, los procedimientos de control interno y los mecanismos de auditoría. No hacer esa autocrítica hoy es resignar un capital político que, llegado el primer viento en contra, puede evaporarse con rapidez.

Algunos podrán relativizar el asunto: “si al Gobierno le va bien, estos casos pesan menos”, dirán. Pero eso es optimismo peligroso. La tolerancia frente a indicios de corrupción se paga caro. Ningún gobierno argentino ha vivido eternamente a resguardo de un giro adverso en la economía o la opinión pública. Cuando el curso se pone difícil, la existencia de escándalos no solventados puede ser el factor que acelere la descomposición política.

Por eso la oportunidad es doble: la Justicia debe investigar con independencia y celeridad; el Ejecutivo debe auditar sus propias decisiones y mostrar —con hechos— que no permitirá la reproducción de prácticas que desvíen recursos de los sectores más vulnerables. Revisar perfiles, depurar cargos, abrir control público y transparencia sobre contrataciones y sobre la trazabilidad de ayudas y compras son medidas sencillas en teoría, pero políticamente exigentes. Son, también, las únicas que hoy pueden convertir una crisis en una ventaja moral e institucional.

Si el Gobierno quiere que su “mejor momento” sea un período de consolidación y no el prólogo de su desgaste, la respuesta debe ser inmediata y clara: no basta con celebrar acuerdos internacionales y victorias electorales; hay que demostrar que el Estado que se administra hoy se maneja con estándares distintos, que hay controles reales y consecuencias para quienes incumplen. La prueba decisiva de la actual gestión no será su capacidad de arranque, sino su voluntad de corregir y prevenir. Y en Andis, como en otros expedientes que podrían aparecer, esa voluntad debería medirse ya.

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