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Subsidios a Buenos Aires: el grotesco no para

Red de Expresos Regionales (RER)
 El ambicioso proyecto de la Red de Expresos Regionales (RER) para Buenos Aires.

Sólo hay una cosa más difícil que bajar la cordillera de subsidios impagables que dejaron 10 años de irracionalidad económica: bajarlos en forma equitativa.

Quienes vivimos en el interior sabemos en carne propia que en esa década se produjo una doble irracionalidad: la de los subsidios impagables en sí y la inequidad con que eran distribuidos. El interior sufrió y sufre la inflación que genera el déficit fiscal incontenible derivado, entre otras cosas, de los subsidios, pero recibía migajas de esas subvenciones, que el kirchnerismo hiperconcentró en el Gran Buenos Aires, su gran botín electoral, donde colectivos, trenes, subte, luz, agua y electricidad llegaron a ser casi gratis.

Con el gobierno de Macri, el movimiento debía ser doblemente inverso: retirar los subsidios imposibles de pagar y restituir alguna mínima noción de equidad regional. 

Para eso, el camino es obvio: hay que podar subvenciones, pero hay que podar antes y más rápidamente las que constituyen privilegios inaceptables de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Eso fue así hasta un muy moderado punto –y con la parsimonia exasperante del famoso gradualismo– en la electricidad y el gas.
Pero en el resto sólo en la semana que pasó hay señales claras de que la equidad en el trato del interior fue a parar a la piecita de los trastos del fondo del Estado.

Así es fácil ser “la París del sur”

El gobierno nacional anunció la licitación de la Red de Expresos Regionales (RER), una obra faraónica que costará 2.300 millones de dólares para conectar entre sí las líneas metropolitanas de trenes, con 20 kilómetros de túneles, nuevas estaciones subterráneas y una mega estación central debajo de la 9 de Julio en la zona del obelisco.

Obviamente, pagará la Nación entera, pero beneficiará sólo a porteños y a habitantes del conurbano bonaerense (Gran Buenos Aires o GBA), los únicos con trenes de pasajeros. ¿Acaso la Nación le pagó a Córdoba la modesta estación 2 de la Terminal de Ómnibus de la capital provincial? ¿Acaso pagaría las inversiones que serían necesarias para que circulen con más rapidez los colectivos urbanos de Rosario, Mendoza o Tucumán, y para que sus pasajeros pudieran esperar en paradas más cómodas? Es todo transporte público. Y ya que en estas ciudades no hay trenes, podría tratarse con igual criterio a los únicos transportes tercermundistas que hay en el interior de este país, que sigue siendo concebido como un desierto.

“Además de transporte público de calidad, la RER implica extender la frontera de trabajo, darle la posibilidad a millones de personas de llegar a lugares que antes no lo hacían por falta de medios de transporte rápido y cómodo”, sostuvo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. 

Alguien debería decirle que en el interior es mucho más difícil y costoso para millones de personas “llegar a lugares”. Porque la población es menos densa que en GBA, porque las distancias son por definición mucho mayores, porque en muchos casos ni siquiera hay un servicio público y porque hace más de 100 años (desde que la Nación construyó el subte porteño y jamás volvió a construir otro en ninguna otra ciudad) que GBA acumula privilegios de redes de transporte obscenamente pagadas por todos.

¿Quiere terminar de indignarse, señor tambero, que cuando la sequía cede y le permite tener pasto, las lluvias le impiden el paso a los camiones lecheros? Todo eso se va a financiar con el impuesto al gasoil, que es pagado fundamentalmente, por definición, por el interior de las grandes distancias, que aloja al campo, el mayor consumidor de ese combustible.

Ya que estamos, los sueldos

No sólo de obras, viven los ferrocarriles. También hay que pagar los sueldos. Como la tarifa de los trenes urbanos de GBA sigue siendo un regalo en cualquier comparación con los boletos de colectivos del interior (y aún así pocos pagan los boletos), la estatal e ineficiente Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios jamás junta lo que gasta en sus casi 27 mil empleados. Así que este año todos los contribuyentes del país pondremos 19.625 millones con ese fin. Eso aparte del financiamiento de todas las obras y el mantenimiento.

Según el periodista Diego Cabot, los la empresa que administra el servicio de pasajeros en GBA sólo junta 10 de cada 100 pesos que gasta. El resto siguen siendo subsidios nacionales.

Es irónico. Esta misma semana el servicio de colectivos de media distancia estuvo tecleando en Córdoba por el retiro de los subsidios nacionales. Lo mismo pasa con los urbanos de la capital provincial. En uno y otro caso las empresas piden aumento de tarifas para compensar aumentos salariales, mayores costos y retiro de subsidios. 

Retirar los subsidios es una necesidad imperiosa si se quiere bajar la inflación. Aparentemente, el gobierno nacional piensa que los subsidios al interior sí generan inflación y que los de GBA no. Si no, dejaría que también –y con más razón porque son más ricos– porteños y granbonaerenses paguen de su bolsillo los sueldos de sus maquinistas, como lo hace cualquier kelper confinado en la colonia interior de Buenos Aires.

Aysa o el despropósito

El jueves, la estatal Aysa, que presta el servicio de agua en el Gran Buenos Aires, pidió un aumento de tarifas de 26 por ciento. Daban ganas de darle un premio. De ponerla como ejemplo frente a las firmas estatales, privadas y cooperativas que brindan el servicio en el interior, donde las tarifas son desde hace una década muy superiores a las granbonaerenses.

¿Por qué tan moderada Aysa? Lo que pasa es que depende de la Nación. Y es estatal. Lo que no cobra por tarifas, se lo cubre el Estado, que desde que la estatizó Néstor Kirchner en 2006 pasó a pagarle las inversiones, el mantenimiento y finalmente los sueldos.

Por eso subir las tarifas jamás es tan urgente como lo es para Aysam en Mendoza, Aguas Cordobesas o Aguas de Tucumán, donde gobernadores e intendentes, que no pueden imprimir dinero como un presidente, tienen que poner la cara.

De hecho, todo indica que el 25 por ciento de los gastos operativos del agua granbonaerense (léase sueldos y mantenimiento) seguirán siendo pagados por los contribuyentes de todo el país en 2018. Y viene con premio: la Nación, es decir, usted y yo, pondremos también 500 millones –de dólares– para pagar inversiones en redes, plantas potabilizadoras y otras cosas que hace rato los habitantes del GBA no pagan por sí mismos.

En el interior del interior, mientras, los que sólo tienen agua con arsénico seguirán trabajando para subsidiar a los que viven a metros de uno de los estuarios de agua dulce más grande del mundo. Aplausos.

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