Rutas: los dilemas de prestarle a un coimero

Adrián Simioni

Si no salva las obras viales ya adjudicadas, el gobierno acentuará la recesión. Pero para hacerlo tiene que prestarle dinero a consorcios integrados por empresas sospechadas. Y no quiere anular contratos a personas jurídicas que ni siquiera están procesadas.

La crisis financiera y la trama de la corrupción van marcando en paralelo el pulso de la Argentina. Hasta que esas paralelas se juntan. En ningún lado se juntan como en el plan de obras de Participación Pública Privada o PPP.

El Gobierno intenta por todos los medios salvar el PPP, el plan por el que seis consorcios de la construcción se comprometieron a renovar 3.500 kilómetros de rutas, con financiamiento propio.

El plan era clave para cumplir con la infraestructura prometida en la zona central del país donde el macrismo arrasó en las elecciones y hacer que se endeuden las empresas contratistas en lugar del Estado, que ya no puede endeudarse más. Ahora, además, es vital para mantener activo el motor de la construcción en medio del estancamiento.

Un problema grave es que la disparada del riesgo país y la tasa de interés impide a esos consorcios tomar los préstamos que comprometieron. El otro problema grave es que los “cuadernos de las coimas” y los testimonios recolectados por el juez Claudio Bonadío involucran, por ahora, a tres empresas que están en cuatro de los seis consorcios.

Se juntaron el hambre con las ganas de comer. Para las constructoras, las tasas son inviables de tan altas. Y para los bancos esas uniones transitorias, formadas por empresas que tal vez pierdan sus contratos o algo peor por haber pagado coimas, son clientes de altísimo riesgo. Es más: en algunos casos tienen prohibido prestarles.

Por todo esto, el Gobierno salió ayer al rescate: lanzó un fideicomiso estatal para que intermedie entre los bancos y los consorcios. O sea que los bancos le prestarán al Estado, no ya a las empresas en forma directas. Al riesgo de prestarles a las empresas, incluso a las sospechadas, lo asumirá el Estado. Y, además, para alentar a los bancos, el Banco Nación, que es estatal, será el prestamista insignia, es decir, el que se juega y hace punta.

Ayer su presidente, Javier González Fraga, anunció que pondrá entre 200 y 300 millones de dólares. Se supone que el fideicomiso sólo intervendrá en el primer año de financiamiento. Y que luego la crisis amainará y al resto del dinero lo podrán conseguir los consorcios tal como se había planeado.

Tres dilemas en cascada

El gobierno ha quedado, entonces, atrapado en unos dilemas en cascada, que no tienen salidas bonitas.

1- O le presta a los consorcios o se cae buena parte del programa de PPP, agravando el panorama recesivo de la economía. Las obras deben empezar en octubre o noviembre, justo cuando se prevé que la recesión daría su golpe más pesado. Está en juego una inversión total superior a los 6.000 millones… de dólares.

2- Pero, si lo hace, el Estado deberá seguir contratando y asumiendo préstamos para empresarios y empresas que, en algunos casos, están acusados de haber pagado coimas en el pasado. Y que tal vez sean incluso responsables por evadir impuestos al propio Estado que ahora las financia. De las 17 empresas que integran los seis consorcios, ya hay tres empresas rozadas por el escándalo. A Vial Agro y a Cartellone, las señaló el ex Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, como integrantes del club cartelizado que se repartía las obras y pagaban coimas. Y Helport pertenece a Corporación América, uno de cuyos directores, Hugo Eurnekian, fue a declarar ante el fiscal Carlos Stornelli antes de que lo llamaran. Helport es la cabeza de dos consorcios (justamente los que harán las dos obras que pasan por Córdoba, ruta 7 y autopista Córdoba-Jesús María).

3- Para evitar contratar y prestarles a eventuales coimeros, el Estado podría exigir a los consorcios que expulsen a las empresas sospechadas o transfieran sus contratos a otros grupos. Pero entonces hay un tercer problema: eso podría ser antijurídico, como lo dio a entender ayer el procurador de la Nación, Bernardo Saravia Frías.

Primero, porque no hay fallo firme en ninguna instancia. Es más, ni siquiera hay todavía procesamientos. ¿Cómo quitar derechos sin un fallo?

Segundo, porque la ley penal empresaria, que podría establecer una fórmula para actuar en estos casos, no sería aplicable, dado que los hechos que se investigan sucedieron mucho antes de la vigencia de la ley. Y la ley penal no puede ser aplicada en forma retroactiva.

Daños colaterales

Ayer, Saravia Frías, también dijo que el gobierno iba a exigir un “paso al costado” de los directivos que estén involucrados. Y en la conferencia dio el ejemplo de Aldo Roggio. El grupo Roggio no integra ninguno de los consorcios, aunque es un prominente contratista del Estado. De todos modos, Roggio no dejó de integrar el grupo que lleva su nombre. Sólo renunció a la presidencia de las dos firmas controlantes del holding.

No hay solución sin daños colaterales para el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que, para mantener con vida la construcción de 3.500 kilómetros de autopistas, autovías y rutas seguras, tendrá que elegir el mal menor. Y, por ende, afrontará un costo político que terminará pagando Mauricio Macri. Haga lo que haga, todos lo vamos a cuestionar.