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Opinión

Política esquina economía

Jubilaciones: otra vez un choque violento contra la realidad

Queremos que dos millones de jubilados cobren según lo que aportaron. Pero también queremos que, con la misma plata, cobren 2,5 millones de jubilados que nunca ahorraron.

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El año pasado hubo 297.000 jubilados que pagaron Ganancias. 

La pródiga industria del juicio -la única que no necesita devaluaciones competitivas ni beneficios fiscales ni reformas laborales para prosperar en Argentina- se apresta a cerrar el año con el hallazgo de un nuevo yacimiento, del que espera extraer más riqueza que el gas que se quiere sacar de Vaca Muerta.

La Corte Suprema se apresta a fallar -en base a fundamentos jurídicos, se supone, pero también con condimentos políticos- a favor de un jubilado descontento con la fórmula que usó la Anses con la Reparación Histórica de hace un año para actualizar su haber, que otros gobiernos habían dejado sin actualizar entre 1995 y 2008. El jubilado Lucio Blanco ya tiene fallos a favor en instancias previas y lo mismo podría suceder con 11 mil litigios más que aún no aceptaron la Reparación Histórica (aunque la cobraron). Eso podría costar  y que podría extenderse incluso a 150 mil jubilados que sí la aceptaron y que jubilaron antes de 2008.

El especialista Eduardo Medah estimó para Cadena 3 que, como consecuencia de la sentencia, los haberes que terminen tocados por el fallo tendrán un incremento en el haber inicial de un 31 por ciento por el cambio en la cláusula de ajuste, a lo que hay que agregar el impacto de la retroactividad por todos los años no pagados.

Pocos arriesgan cuánto podría costar ese fallo si sus efectos se despliegan en toda su magnitud. Josefina Sonnenberg, de Idesa, da una cifra: 72.000 millones de pesos al año.

Y todo lo demás

No es el único juicio que está dando vueltas. Por empezar, están los 150 mil mencionados. Aún si la Corte fallara a favor del Gobierno (cosa que está descartada) habrá que pagar igual las sentencias, que serán multimillonarias aunque se aplique el mecanismo de ajuste que postuló la Anses. Hay otros 150 mil juicios por determinación de haberes posteriores a 1995. Y otra espada de Damocles es un fallo de la sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que ya está en los escritorios de la Corte, que dice que a los jubilados hay que pagarles el 70% de lo que ganaban como activos y no el 50%, que es lo que más o menos paga la Anses. Ahí sí que nadie se anima a hacer números.

Es probable que todo esto no pegue de una sola vez ni en un solo ejercicio sobre la Anses. Pero es claro que, a la larga o a la corta, quebrará otra vez a un sistema previsional que ya está en rojo de desde hace décadas: sólo es capaz de recaudar dos de cada tres pesos que eroga. Al resto tenemos que cubrirlo con impuestos, por encima de los brutales impuestos al trabajo que ya pagamos trabajadores y empresas en Argentina y que se ubican por encima de todos los promedios internacionales que querramos tomar.

¿Y la proporcionalidad de los que nunca aportaron?

El fundamento de todos los jueces que fallan en estos casos (por ejemplo el del caso Blanco) es que la jubilación debe mantener una relación “justa y razonable” con lo que cobraba el beneficiario cuando trabajaba. “La prestación debe sustituir el ingreso que tenía” de modo de que mantenga su nivel de vida.

Es el famoso principio de proporcionalidad, vigente al inicio del sistema previsional. El problema es que cuando se estableció ese sistema con ese principio no se pensó que el sistema previsional sería saqueado varias veces para financiar políticas demagógicas, por lo que el dinero aportado no se pudo multiplicar como lo hubiera hecho si se hubiera invertido dado que, por empezar, jamás se ahorró.

Más grave: la Justicia parece vivir en las nubes. Le exige el principio de proporcionalidad en los gastos a un sistema que no lo tiene en los ingresos. En efecto, de los 4,5 millones de jubilados y pensionados 2,5 millones jamás aportaron.

Entonces el sistema debe ser proporcional a lo aportado para quienes en realidad aportaron, pero no tiene ninguna proporcionalidad con la mitad de que jamás aportó (si fuera proporcional, no cobrarían nada, porque aportaron cero).

Demagogia en el ADN

Es chocar contra la cuadratura del círculo. Los argentinos queremos todos los beneficios pero pagando la mitad de los costos. Si las jubilaciones van a ser proporcionales al ahorro entonces la Anses no puede seguir sufragando miles de millones al mes a quienes nunca pusieron nada en esa bolsa.

No es la única utopía ni la única cuadratura del círculo detrás de la cual corre un país descerebrado por décadas de demagogia y negación de la realidad. Por dar sólo un ejemplo: queremos universidad gratuita, lo cual es extraordinario; pero también exigimos que no tenga cupo ni límite de ingreso.

La verdad es que las dos cosas juntas no se encuentran en casi ningún país. Nadie tiene tantos recursos para establecer la gratuidad (el precio) y a la vez la cantidad ilimitada de alumnos (la matrícula irrestricta). A menos que lo que ofrezca se parezca cada vez menos a una educación universitaria pero nadie diga nada.

Hacia una jubilación única

Con el sistema previsional pasa lo mismo. La combinación de jueces que ignoran las cuentas públicas, de fantasiosos principios legales de hace décadas negados de hecho por leyes posteriores y de acumulación de regalos demagógicos han terminado por armar un sistema que no para de quebrar una y otra vez. En esa fantasía queremos que las jubilaciones sean proporcionales al ahorro. Pero queremos que se jubilen todos los que no ahorraron.

Si en verdad queremos lo segundo, entonces hay que avanzar hacia un sistema en que todos los jubilados cobren más o menos lo mismo. Lo otro es negar una realidad matemática eternamente impagable.

A ver qué juez lo entiende. O a ver qué ciudadano inicia una demanda judicial para que el sistema previsional deje de ser una de las válvulas preferidas por las que estalla cíclicamente el fisco. Al fin y al cabo, el valor del dinero que tenemos en las billeteras, el valor de nuestras casas y el valor de nuestros salarios también pueden merecer protección legal de la inflación que provoca el perenne déficit de las cuentas públicas.

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