El club de extorsión: políticos, tarifas y coparticipación

Adrián Simioni

Una porción importante de los políticos cordobeses se están transformando en malas copias de Groucho Marx, el famoso cómico que inventó el más famoso chiste: “Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros”.
Los intendentes radicales, liderados por el de Córdoba Capital, Ramón Mestre, y los macristas, liderados por el de Oliva, Oscar Tamis, están de acuerdo con el Consenso Fiscal que el socio muy mayor de ambos, Mauricio Macri, logró firmar con todos los gobernadores –empezando por el principal de la oposición, Juan Schiaretti–.
Pero, como sucede últimamente con casi cualquier cosa, ahora amenazan con pedir la inconstitucionalidad de ese pacto si la Provincia no les coparticipa los fondos que ellos consideran que le corresponden. Su pretensión está cuanto menos sujeta a debate y ya tiene un dictamen en contra de la Comisión Federal de Impuestos. 
Es como secuestrarle el Consenso Fiscal a Macri y exigir rescate. Flaco favor le hizo Mestre a su Presidente. Quedó como un Cornejo II: el gobernador de Mendoza les dio la excusa perfecta a los peronistas del Congreso cuando primereó en la queja por las subas de las tarifas, olvidándose de que integra la alianza de gobierno y no la oposición. Los peronistas salieron entonces con un reclamo mucho más demagógico y deficitario que el del mendocino. Mestre también se puso a jugar con fuego entre la pólvora del dólar y la inflación. Acaba de darles a los peronistas de Córdoba la excusa perfecta para que se sumen al rechazo de los aumentos tarifarios de Macri, algo que Schiaretti había, sinuosamente, tratado de limitar.

Votan a favor y luego rechazan

El argumento de radicales y macristas locales es que el Congreso no puede definir cómo se van a repartir los fondos públicos cada provincia con sus municipios. Es cierto sólo en el sentido de que el Congreso no puede sancionar una ley específica al respecto. Pero resulta que el Congreso hace eso todo el tiempo en los hechos al definir el presupuesto nacional. Cuando aprueba una partida para que la ejecuten municipios o provincias, altera los equilibrios preexistentes. Cuando define la baja de un impuesto o la suba de otro, lo mismo, por la sencilla razón de que hay tributos que se coparticipan y otros que no.
Pero, por si fuera poco, la bancada de legisladores radicales y macristas de la Unicameral de Córdoba aprobó con las dos manos alzadas el Consenso Fiscal, por el cual la Provincia se adhirió institucionalmente al pacto. Es una ley tan provincial como nacional. Y ellos mismos la votaron.

Las tasas, ¿deben sacarse o no?

Con las tasas municipales que se aplican a los servicios públicos, los cambiemitas hicieron lo mismo. Los intendentes de Cambiemos, aunque dicen que están de acuerdo en bajar las tasas, lo condicionan a recibir más coparticipación.
En realidad, los municipios, junto al resto de la sociedad, deben decidir si las tasas sobre los servicios son ilegales, irracionales y/o un cómodo mecanismo para que los intendentes suban su recaudación arriba de la inflación, pero ocultos bajo las polleras de Epec, las cooperativas, Ecogas y Aguas Cordobesas. Y si la baja de impuestos que propugna el Consenso Fiscal en una economía ahogada por los impuestos es deseable. Si es así, las tasas que cobran sobre los servicios deben eliminarse y el Consenso Fiscal respaldarse. Después verán los concejos deliberantes y los intendentes cómo acomodan los números. Es otro tema. Para eso gobiernan.

No les alcanzan los codos

En el lado peronista del planeta cordobés sucede lo mismo, en espejo. Excitados por la posibilidad de ejercer el buenismo tarifario, diputados que supuestamente responden a Schiaretti se prepararon para respaldar el obús que Sergio Massa y el kirchnerismo idearon para voltear los aumentos en los servicios públicos. El proyecto aumenta en lugar de reducir el déficit fiscal en beneficio del 70% de los hogares urbanos más acomodados de las ciudades argentinas (el 30% tiene tarifa social y no en todos los pueblos y zonas rurales hay gas o luz). Kirchnerismo puro.
Schiaretti lanzó una señal moderada. Les recordó que no es función del Congreso fijar tarifas. Con algunos reparos, parecía que los diputados de Unión por Córdoba se iban a alinear.
Pero, luego de que Mestre y Tamis amenazaran con la inconstitucionalidad del Consenso Fiscal, el campamento peronista se alborotó. Pidieron “libertad de conciencia” para aprobar el obús massista-kirchnerista. No se sabe bien si Schiaretti cambió de idea o si sus diputados, incluso su vicepresidente con licencia, Martín Llaryora, ya no le responden.

La verdad, ¿cambia?

Como Mestre, los diputados peronistas secuestran la política tarifaria del Ejecutivo y exigen rescate. En realidad, deberían definir antes dos puntos fundamentales:
Uno: su buenismo tarifario simpaticón con las clases medias y altas, ¿causará más o menos daño a las clases bajas con el aumento del déficit y la consiguiente ayudita a la inflación? Podrían preguntarle a Sergio Massa, que en 2014, cuando surfeaba por arriba de las encuestas, impulsó el documento de los exsecretarios de Energía que recomendaban eliminar los subsidios y reconocer la el costo real de la luz y el gas como único modo de recuperar el autoabastecimiento, permitir que se expandan las redes a la población que aún no accede, dejar de pagar por el gas importado el séptuple de lo que se pagaba a los productores locales y reducir el déficit fiscal. No les alcanzan los codos a los massistas para borrar lo que escribieron.
Dos: si al Congreso no le corresponde definir tarifas, como les recuerda su propio jefe, eso no cambia porque Mestre ataque el consenso fiscal. Sigue teniendo el mismo valor de verdad que tenía la semana pasada.