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Política y economia

Polémica abierta

Subsidios a la Iglesia: no creen conveniente una reforma

Lo señaló a Cadena 3 el abogado constitucionalista, Antonio María Hernández. "No creo que sea el momento de una reforma", dijo, al tiempo que admitió que "el tema merece un debate profundo".

 
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El abogado constitucionalista Antonio María Hernández, en diálogo con Cadena 3, sostuvo que no cree conveniente una reforma que modifique los subsidios a la Iglesia Católica. 

El letrado indicó, asimismo, que es positivo abrir la posibilidad de que "el tema sea debatido con profundidad".

"No veo que sea el momento para una reforma. Hay que cumplir la Constitución y sobre todo, faltan incluir más de 20 leyes de la reforma del '94", sostuvo. 

"Creo que el tema puede ser debatido. hay que tener presente que la propia Iglesia -Católica- sostiene que tiene que haber una relación con el Estado", agregó. 

Ayer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó por escrito a la Cámara de Diputados que el presupuesto anual de este año para la Iglesia Católica asciende a 130.421.300 pesos, y señaló que el haber mensual de un obispo diocesano es de 46.800 pesos, mientras que de un obispo auxiliar alcanza los 40.950 pesos. 

La información sobre las partidas que se giran a la Iglesia Católica fueron incluidas en el informe escrito que presentó Peña, que responde a las 1.318 preguntas que realizaron los legisladores sobre economía, educación, endeudamiento y también críticas al ministro de Finanzas, Luis Caputo.

Una de las preguntas formuladas por el bloque Evolución Radical, que conduce Martín Lousteau, es sobre los "recursos públicos" que se destinan para el funcionamiento de la Iglesia Católica, así como los recursos que van para los colegios religiosos y la realización de obras.

En ese sentido, se informó que los Obispos Diocesanos perciben un haber mensual de 46.800 pesos, los Obispos Auxiliares 40.950 pesos, los Obispos Eméritos 40.950; Administradores apostólicos y diocesanos $ 46.800.

Además señaló que "el presupuesto para el año 2018 corresponde a la suma de $130.421.300".

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Es para que regularicen a su personal y detectar, de esta manera, posibles evasores de cargas sociales. Recibirán inducciones electrónicas en los próximos días.

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