Carrió propuso debatir en el Congreso el protocolo de armas

La diputada Elisa Carrió propuso hoy analizar la resolución que flexibiliza el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad para "transformarla en ley en el marco del Congreso Nacional luego de un adecuado debate".

En un largo texto publicado en las redes sociales, la líder de la Coalición Cívica concedió que "actualmente la situación exige algún tipo de medida provisoria para subsanar falencias que desprotegen al agente de seguridad que deba emplear su arma".

Sin embargo, insistió en que "estas normas provisorias no pueden en ningún caso vulnerar los preceptos constitucionales y también deben ser consensuadas por las distintas fuerzas políticas que integran el gobierno, por tratarse de una política de alta significación nacional".

Incluso, advirtió que "habiendo de por medio una cuestión que implica la posibilidad de causar la muerte de un delincuente o accidentalmente la de un inocente, no puede ser una simple Resolución Ministerial" la que regule la actuación de las fuerzas, sino que "el marco legal debe ser una ley sancionada por el Congreso Nacional en el marco de sus atribuciones".

"Un marco legal que puede ser incorporado a esa ley básica para la Justicia que es el Código Penal o que constituya una ley específica, pero que proteja adecuadamente al agente de seguridad o policial que deba hacer uso de su arma", evaluó.

PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y POLICIALES FEDERALES
Puede haber sorprendido mi negativa a avalar la Resolución 956 / 2018 del Ministerio de Seguridad, el llamado "Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de..."
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— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 5 de diciembre de 2018

Y agregó que "el derecho a la vida del ciudadano está debidamente asegurado en la Constitución Nacional, como así también la no aplicación de la pena de muerte", por lo que "las circunstancias en las que un agente de seguridad o policial deba ocasionar la muerte de un delincuente, o al menos emplear un arma letal que pudiera ocasionarla, debe tener un firme marco legal que evite la confusa interpretación de la norma".

La dirigente aclaró que no era su intención "desproteger al agente de seguridad o policial en el cumplimiento de sus funciones", sino por el contrario "proporcionarles las normas claras y adecuadas para ampararlo ante las posteriores consecuencias que su accionar".

"Mi intención es darle un marco legal que proteja en forma firme y clara, y con la suficiente entidad jurídica, su accionar", sostuvo, por lo que agregó que "todas estas medidas deben ser ejecutadas en el marco de un plan de seguridad que tenga bien en claro los objetivos que se persigue" y que contemple "un control político de la seguridad".

Según sostuvo, en principio este plan "debe propender a introducir en el sistema jurídico nacional el concepto de que el delincuente armado, a partir del momento que comete el delito, es el único responsable de las acciones que este hecho origina; incluyendo su propia muerte", pero que "esto debe ser introducido en el nivel normativo que corresponde".

"Este plan debe, asimismo, contemplar un control político de la seguridad, que no implica restringir la iniciativa y la aplicación de las técnicas específicas por parte de cada Fuerza de Seguridad y Policial Federal (control civil), sino acompañarlas, estar a su lado para hacerse cargo de las consecuencias que las instrucciones impartidas para combatir al delito generen", señaló.

E insistió: "Lejos de quitar libertad de acción, la presencia del poder político cerca de sus Fuerzas de Seguridad y Policiales darán a éstas la seguridad de contar con su aval ante las situaciones que su correcto y legal obrar originen".

"Nuevamente quiero dejar en claro que de ninguna manera mis expresiones apuntan a negar el deber que tiene todo agente de seguridad o policial a emplear en forma legítima su arma de fuego provista para defender la vida de sus conciudadanos o la suya propia", remarcó.

Por último, añadió: "Pero sí creo que el tema es demasiado importante para ser resuelto por un instrumento legal de nivel ministerial y que hacerlo no es solucionar el problema sino dejar en manos de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, e incluso del agente de seguridad y policial individual, la decisión y la responsabilidad de afrontar las consecuencias de su accionar".