Gabriela Ábalos, jueza de Mendoza y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Cuyo y de la Universidad de Mendoza, se refirió al (DNU) que prohíbe las reuniones sociales y familiares en el país y advirtió que fractura tanto a la República como al federalismo.
“Desde hace cuatro meses estamos en un virtual gobierno a través de DNU. De los 53 decretos dictados en el marco del Covid-19, sólo el Congreso ha publicado en el Boletín Oficial la sanción de dos leyes”, se quejó la magistrada y señaló que a partir del 13 de mayo cuando el Congreso retomó sus sesiones, el Presidente debería haber dejado de emitir estos decretos.
“Esto muestra que a partir del manejo de la emergencia sanitaria nos encontramos las provincias y los ciudadanos convalidando la necesidad de la toma de decisiones rápida y eficaz que significa un choque directo contra la pandemia; pero con el funcionamiento del Congreso, los DNU fracturan el derecho constitucional, la República y el federalismo”, explicó
Según Ábalos, “desde el 13 de mayo es inconcebible que el Gobierno nacional siga dictando DNU y esto es grave desde el punto de vista republicano”
"Deberíamos exigir al Congreso sesiones permanentes para que decida si es necesario o no que se realicen estas medidas que restringen los derechos individuales”, reclamó.
Consideró, también, que estas medidas “fracturan el federalismo” porque limitan la habilitación de las provincias y deja todo en manos del Jefe de Gabinete de otorgarle o no a las provincias de correrse del DNU.
“Nos olvidamos del federalismo porque esto debería ser debatido en el Congreso y luego admitir que cada provincia, en ejercicio de su autonomía y en coordinación con sus municipios, analizara el mapa provincial en relación a la epidemia, los contagios y así permitir que cada una fuera abriendo o cerrando actividades”, enfatizó.
Las provincias están sometidas al Poder Ejecutivo y al jefe de Gabinete que desde el punto de vista federal no tienen ninguna representación
“Las provincias vienen tolerando esto desde hace meses y se escudan en ello para no asumir ningún costo con la salud”, criticó.
En cuanto a la prohibición de las reuniones familiares en el ámbito privado, aseguró que el elemento que se usa es inconstitucional porque “estamos ante una intromisión hacia la autonomía privada y la intimidad”.
“Esto es un exceso, deberíamos apelar a concientizar a la población de cuidar en su ámbito familiar a los adultos mayores para que sea la propia familia que decida cómo visitarlos”, reflexionó y señaló que en el decreto se menciona una sanción penal “como una forma de amedrentar a los que pretendan no cumplir”.
“Es grave la situación. Debería ser cada una de las provincias las que asumiendo su autonomía defina lo que implica el cuidado de la salud pública, principalmente la concientización de los propios vecinos de cuidarnos para no recurrir a la amenaza de la comisión de un delito del derecho penal y así justificar la medida tomada por el Gobierno nacional”, lamentó.
“Es momento que reflexionemos si queremos seguir defendiendo los postulados de la república y el federalismo, porque es grave el impacto que se genera si los argentinos entendemos que este es el mecanismo que queremos seguir aceptando”, concluyó.
Entrevista de Miguel Clariá.
