Martín Carranza, abogado del chofer de Uber que apeló la cautelar de la Justicia que ordenaba la suspensión de la plataforma, dijo a Radioinforme 3 que los concejales están "del lado equivocado" tras votar el aumento en las multas para los conductores que presten este servicio.
"Están moralmente, jurídicamente y socialmente del lado equivocado de la historia", afirmó.
"La superioridad moral de las chapas de taxis conforme se ven en los insultos, obvian o dejan de lado la discusión importante", remarcó e insistió que Uber "no es un servicio público".
"No es un servicio público precisamente porque no depende de ese tipo de sistema poco transparente como las chapas, sino que son dos personas que establecen cuánto va a costar determinado viaje, el trayecto y se ponen de acuerdo para transportarse entre sí", enfatizó.
En este marco, recalcó: "El hecho de que existe un servicio público no significa que estén obligado a usar ese servicio".
Y advirtió: "Lo que nosotros vimos es que los requisitos que exige la ordenanza, más allá de las aplicaciones, son los mismos mecanismos de seguridad que tiene un chofer de Uber y las mismas condiciones personales".
En este sentido, dijo que "si la municipalidad quiere reglamentarlo tiene la facultad y puede hacerlo".
"Hoy los coworking son una realidad que tiene esa misma base de economía compartida, la forma de vender en Internet es una forma de comercialización, por qué vamos a prohibir la forma en que la gente quiere relacionarse", analizó.
Martín Carranza Torres, defensor de uno de los conductores a quien la Municipalidad le secuestró el vehículo, aseguró que Uber "no es ilegal" ya que "la actividad es un uso y goce legítimo de los derechos de la propiedad privada".
"Una persona dueña de su auto puede hacer lo que mejor le plazca mientras no dañe a terceros. No se trata de un servicio público, a mi cliente no le interesa participar en el transporte Municipal", indicó en su momento.
Este jueves el Concejo Deliberante aprobó el incremento para las multas de los choferes de Uber. De este modo se hizo lugar a la solicitud de los taxistas para que las sanciones sean equivalentes a la suma de 1.500 veces el valor de la bajada de bandera, por lo que el monto será de $72.945, la primera vez.
Además, en el caso de la primera reincidencia, el responsable será sancionado con una multa de 3.000 veces el valor de la bajada de bandera, que en este caso serían $ 145.890.
Entrevista de Miguel Clariá
