El ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila fue condenado este lunes a la pena de seis años de prisión por cohecho pasivo y prevaricato a raíz de haber beneficiado a personas investigadas por narcotráfico y se comprobó que cobró sobornos para ello.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes impuso la pena por los delitos de cohecho y prevaricato, al beneficiar a imputados por narcotráfico en distintas resoluciones a cambio de una suma de dinero.
Los fiscales federales Carlos Shaefer y Diego Iglesias habían pedido 15 años de prisión al reclamar también que se lo condene por asociación ilícita, este último delito no fue aceptado por el Tribunal.
Shaefer, fiscal general de Corrientes, indicó a Radioinforme 3 que "en su momento acusamos asociación ilícita, que eso fue lo que absolvió el tribunal, pero consideró que había narcos de Itatí que una vez que eran detenidos pagaban la coima a su abogado y él se la llevaba a los secretarios del juez para que saquen resoluciones favorables".
Explicó que "lo que obtenían (los criminales) eran excarcelaciones, exenciones de prisión, o beneficios en resoluciones".
También fueron condenados sus secretarios Carlos Molina y Federico Grau, a la pena de cinco y cuatro años, respectivamente.
Los jueces del tribunal, Juan Manuel Iglesias, Manuel de Jesús Moreira y Rubén Quiñones, impusieron además a Soto la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En ese marco, Shaefer comentó un polémico caso: "El año pasado un criminal fue condenado a 17 años en Buenos Aires, era el jefe de la banda narco líder que operaba en Itatí, y en la resolución del juez se ponía que era un partícipe secundario del delito y con eso se otorgaban beneficios excarcelatorios".
Señaló que esta "mega-causa comenzó en 2014 con una gran investigación del doctor Torres, que empezó a tirar de la cuerda hasta que llegó a esto, se pudo visualizar que había narco criminales y funcionarios de las fuerzas federales que ya fueron condenados y se llegó también a responsables de la política, y faltaba juzgar a la parte judicial".
Por último, Shaefer indicó que en la causa "hay unos 130 condenados".
Además de tener la competencia penal del juzgado 1, fue a la par titular del juzgado electoral de la provincia y su imputación fue por connivencia con los narcos donde incluso constan escuchas telefónicas donde quedaron probados los sobornos.
Tras ser suspendido de su cargo el juez tenía un pedido de captura que no se llevó a cabo por sus fueros; pero al renunciar estuvo en prisión domiciliaria por problemas de salud y ahora está en libertad, ya que la condena aún no está firme.
Entrevista de Miguel Clariá.
