Por sedición

Penas de hasta 13 años a líderes independentistas catalanes

Es por el fracasado intento de secesión en 2017. Oriol Junqueras, ex vicepresidente del gobierno regional, recibió la condena más dura. 

14/10/2019 | 06:53

El Tribunal Supremo español anunció hoy el fallo del juicio a los doce políticos y líderes independentistas implicados en el fallido proceso de secesión de 2017, a los que condena a penas de hasta 13 años de prisión por sedición, al considerar probada la existencia de violencia, pero no como fin para una rebelión.

La máxima pena ha sido para Oriol Junqueras, el político de mayor rango juzgado , ante la ausencia del ex presidente catalán Carles Puigdemont, a quien la justicia alemana se negó a extraditar a España por considerar inadmisible el cargo de rebelión que le atribuían.

Junqueras, de 50 años, fue condenado a 13 años de prisión e inhabilitación, por sedición en concurso con un delito de malversación.

Además de vicepresidente, el líder del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), era vicepresidente económico y por tanto manejaba el dinero público que se utilizó para el proceso de secesión, al autorizar fondos para el referéndum de autodeterminación ilegal del 1 de octubre de 2017.

Los otros ocho dirigentes presos recibieron condenas de entre 9 y 12 años de prisión, mientras los tres políticos que fueron juzgados en libertad -Santiago Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó- recibieron penas de 10 meses de multa, con una cuota de 200 euros, y 1 año y 8 meses de inhabilitación especial, con lo que no ingresarán a la cárcel.

Los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart recibieron una condena de 9 años de prisión e inhabilitación absoluta por sedición, por haber puesto a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, las organizaciones ciudadanas que presidían, al servicio de "la maniobra de presión política" ideada por el gobierno secesionista catalán, según los jueces.

El ex jefe de la diplomacia catalana Raúl Romeva y los ex consejeros Jordi Turull y Dolors Bassa fueron condenados a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta, también por sedición y malversación.

Por su parte, la ex presidenta del parlamento catalán Carme Forcadell fue condenada a 11 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta, por sedición.

De acuerdo con los jueces, Forcadell "tuvo una intervención relevante y decisiva, que alcanzó su mayor intensidad en el pilar parlamentario, a través del que se trató de tejer un entramado de legalidad paralela, carente de validez, pero que sirviera de aporte a la estrategia independentista".

En tanto, los ex consejeros de Interior, Joaquim Forn, y de Territorio, Josep Rull, recibieron penas de 10 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta y fueron absueltos del cargo de malversación.

En su sentencia de casi 500 páginas, el Tribunal Supremo afirma que "se da por probada la existencia de violencia", pero "no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión".

La Fiscalía había atribuido a los líderes secesionistas el delito de rebelión y pedía penas de hasta 25 años de prisión.

La hipótesis de la rebelión, que exigía el uso de la violencia, era defendida también por la acusación popular ejercida por el partido de extrema derecha Vox y fue el argumentado del conservador Partido Popular (PP) y liberales de Ciudadanos, que defendían que lo sucedido en Cataluña era un "golpe de Estado".

Sin embargo, el Tribunal Supremo lo negó, al asegurar que para que haya rebelión la violencia tiene que ser "instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes", lo que no sucedió en Cataluña.

Para los magistrados la violencia fue insuficiente para imponer la "efectiva independencia territorial y derogar la Constitución española en el territorio catalán".

El Tribunal supremo subrayó que defender política, individual o colectivamente la derogación de la Constitución o declarar la independencia de un territorio no es un delito, pero "sí lo es movilizar a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario que, además, impide la aplicación de las leyes y obstaculiza el cumplimiento de las decisiones judiciales", que es lo que asegura que ocurrió entre septiembre y octubre de 2017 en Cataluña.

Informe de Adrián Cragnolini.

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