Miguel A. ingresó al hospital Emilio Vidal Abal de Oliva el 27 de agosto de 1971 con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Hoy, 48 años después, sigue alojado en ese lugar pese a haber sido sobreseído -en 1975- por la causa que lo acusaba de daños leves a un enfermero que lo había atendido en el lugar.
Toda esta historia se conoció cuando una asistente social del hospital, Consuelo Visconti, pidió información sobre la situación del hombre. En ese momento, se conoció que el hombre había sido imputado por provocarle un traumatismo en la mano izquierda a un enfermero, por lo que el entonces juez federal Eudoro Vázquez Cuestas lo imputó por “lesiones leves”. Sin embargo, el hombre fue declarado inimputable por su condición psicológica.
En ese momento, se realizaron pericias que establecieron que por su condición de salud no podía abandonar la internación.
"Yo debí declararme incompetente en la Justicia Federal porque en el momento que él se internó, el hospital pertenecía a la Nación y por lo tanto su caso se trataba en la órbita federal. Hoy ya no depende de la Nación", explicó a Radioinforme 3 Sergio Pinto, juez federal de Bell Ville.
Por otro lado, el juez hizo hincapié que en todo este tiempo se preponderó el tema "humano".
"Hay que separar dos cuestiones. Por un lado, lo humano y por el otro, las responsabilidades penales e institucionales por el no reporte de información a la Justicia respecto a su salud. En estos tres meses, se hicieron todas las cuestiones humanas a donde tomamos testimonios. No sólo me apersoné en el hospital, sino que también se tomó testimonios a su psiquiatra, psicóloga, entre otros. Había que ver en qué condiciones se encontraba para ver si podía ser externado o no", comentó.
En 2018, y a partir de analizar esta situación y de obtener los resultados de las pericias, el juez decidió que el hombre continúe internado.
"Lo que dice la pericia oficial es que todo lo que realiza, lo hace bajo supervisión de terceros. Si no lo hace de esa manera, puede correr riesgo para sí y para otras personas. Interrumpir ese tratamiento puede generar una descompensación de su cuadro patológico", explicó Pinto.
En esa misma decisión, Pinto dejó en manos del Juzgado Civil de Oliva la resolución de la situación del hombre, debido a que no existía ninguna actividad delictiva que justificara el accionar de la Justicia federal.
"Yo en la resolución me hice algunas preguntas. Si debía continuar o no con la internación y, en el caso que así debiera, a dónde debía continuarla porque ya no existía causa federal a su cargo. En este punto yo me pregunté si correspondía que el juzgado federal continuara resolviendo su internación. Al no existir causa, debí derivarlo al órgano de resolución civil de Oliva. Por eso me declaré incompetente", explicó.
Por estos días, el hombre continúa en el mismo hospital. Desde el juzgado, indicaron que su internación en 1971 “se produjo de manera voluntaria”.
Entrevista de Miguel Clariá.
