El flamante gobernador de Córdoba Martín Llaryora descabezó este martes la cúpula y anunció la intervención del Servicio Penitenciario de la Provincia tras la detención de sus máximas autoridades.
Juan María Bouvier, jefe del servicio desde 2008, Víctor Hugo Vivas (sub jefe del Servicio Penitenciario) y Silvia Guadalupe Barbero (sub directora general del Servicio Penitenciario y pareja de Bouvier) fueron detenidos por orden del fiscal Enrique Gavier. Entre otros, se les imputa el delito de asociación ilícita.
El gobernador designó como interventor del SPC al exfiscal federal y fiscal general provincial Gustavo Vidal Lascano. Además de interventor, Vidal Lascano será el de secretario de Organización y Gestión Penitenciaria en el ámbito del Ministerio de Justicia y Trabajo, a cargo de Julián López.
La decisión se produce tras una serie de escándalos en las cárceles de la provincia. Ejemplo de ello es la detención en septiembre pasado de la cúpula del penal de Villa María por el supuesto delito de asociación ilícita. El fiscal de Instrucción de Casos Complejos, Enrique Gavier, descubrió que allí funcionaba un “call center” donde los presos cometían estafas a través de teléfonos celulares con acceso a Internet.
Gavier también ordenó en noviembre pasado la aprehensión de exdirector del Servicio Penitenciario, Darío José Tello Pajón, acusado de asociación ilícita y extorsión en grado de tentativa, tras los allanamientos en el penal de Bouwer.
Esta investigación da cuenta de que múltiples presos habrían tenido beneficios como salidas transitorias o la modificación de sus informes de conducta.
La gestión de Bouvier fue avalada por los ministerios del oficialismo desde 2008 a la fecha, y pese a los escándalos siempre fue ratificado en su cargo.
Según trascendió, la detención se produjo en el marco de una mega causa por delitos carcelarios que lleva adelante Gavier y que en su momento derivó en la detención del exjefe de la cárcel de Cruz del Eje, Walter Guzmán. Desde entonces la causa ha ido agregando a otros funcionarios penitenciarios, abogados y punteros políticos.
"Las cárceles están llenas de quioscos", resumió una alta fuente de la investigación. Call center tumbero, drogas y tráfico de influencias son sólo algunos de estos delitos.
En diálogo con Radioinforme 3 el fiscal Enrique Gavier, dijo que “los elementos incorporados a lo largo de estos meses condujeron a la detención ordenada”. “Tenemos los motivos suficientes para fundar una sospecha grave sobre la participación de estas personas que son las máximas autoridades de la institución y de los hechos investigados. Es decir haber tomado parte y organizado esta asociación para delinquir en los más disimiles rubros”, comentó.
“Delinquen los internos, las esposas y el tráfico de los teléfonos celulares que se expenden a un precio superior al mercado. Se liberan zonas para que se cometan las estafas, se venden informes falsificados para obtener un informe favorable o en beneficio o seguir con algo que no corresponde dentro de las reglamentaciones penitenciarias”, detalló.
El fiscal señalo que la investigación del ingreso de elementos prohibidos data del año 2015 y sostuvo que se genera un cogobierno por parte de determinados reclusos que son “Los Plumas”, jefes o capitanejos de determinados pabellones que imponen el delito a otros reclusos más débiles y en consecuencia “se desnaturaliza el tratamiento penitenciario”. “Las cárceles en vez de ser seguras para la contención de los reclusos son centros de capacitación para el delito”, alertó.
Vidal Lascano tiene una larga trayectoria judicial y política. Desde el año 2021 y hasta este nombramiento era integrante del Órgano de Control disciplinario de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba. Antes, fue fiscal federal entre 1996 y 2004, y luego entre 2007 y 2020, y fiscal general de la Provincia, entre 2004 y 2007.
Informe de Francisco Centeno, Juan Federico y Jorge Mercado. Entrevista de Miguel Clariá.
