Axel kicillof apeló al concepto de "lawfare" o "guerra judicial" para desestimar los procesamientos que pesan sobre dos ex funcionarios a los que designó en las carteras de Salud y en el ARBA, la agencia de recaudación bonaerense.
Se trata de Daniel Gollán, su ministro de Salud, quien se encuentra procesado y fue enviado a juicio oral por las irregularidades en el Plan Qunita, acusado de fraude en perjuicio de la administración pública, y de Cristian Girard, titular de ARBA, procesado en la causa del dólar futuro.
En los decretos que publico el Boletín Oficial, el gobernador de Buenos Aires justificó los nombramientos argumentando que ambos funcionarios fueron injustamente perseguidos por el Poder Judicial y señaló que se encuentran procesados "bajo una injusta persecución penal".
"Dicho proceso se encuadra bajo el concepto de lawfare, entendido como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación, donde se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa", dicen los decretos 6 y 14, donde se designa a Girard y Gollán, respectivamente.
"Una causa judicial iniciada en el marco de un proceso de persecución política, judicial y mediática inédito en la República Argentina, desde el retorno a la democracia en 1983, no puede implicar impedimento alguno o inhabilidad para que ningún ciudadano pueda cumplir una función pública", agregan los considerandos, y concluye que tanto Girard como Gollán "reúnen en plenitud los requisitos establecidos".
Al respecto, el abogado y ex integrante del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, dijo a Radioinforme 3 que Kicillof "puede designar procesados" pero cuestionó el uso del decreto para "hacer doctrina".
"Si el señor Kicillof quiere declarar su convicción de que existe esa mentira llamada lawfare, que escriba un libro o nota periodística, pero el decreto tiene que estar destinado a fundamentar la decisión porque si no podría haber hablado del aborto o de cualquier cuestión", explicó.
"Si va a anular el sistema que lo rige no existe división de poderes y las decisiones judiciales serán lo que Kicillof dice lo que son", criticó.
"Los gobernantes tienen que respetar los artículos 5 y 7 de la Constitución que dice que se rigen por un Sistema Republicano que dice que los gobernadores gobiernan, los jueces juzgan, y los legisladores legislan", planteó.
En ese sentido recordó que "la Constitución en el artículo 109 le impide al presidente de la Nación meterse en causas pendientes y esa norma que se aplica al régimen republicano implica que los gobernantes y el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse en cuestiones judiciales y un procesamiento es una cuestión judicial", agregó.
Kicillof no tiene que inmiscuirse en los procesos judiciales y mucho menos decir que es inválido
Para Fargosi, el lawfare es "un invento intelectual para anular el sistema judicial independiente" porque "en vez de recurrir las decisiones judiciales, apelarlas en la cámara, en la corte o en el tribunal internacional que se le ocurra, invalida el concepto mismo del sistema judicial, dice que es un abuso".
"Para los abusos y errores del sistema judicial están previstas las apelaciones y el lawfare lo que cuestionan es la división de poderes en sí mismo", expresó
"Podrá estar bien o mal una designación mientras esté dentro de las facultades legales, pero lo que no se puede, es abusar del poder que le da el sistema legal al señor gobernador y ponerse a pontificar sobre lo que está bien y mal en materia judicial", concluyó.
Entrevista de Miguel Clariá.
