El Ministerio de Salud de Santiago del Estero inició una investigación para determinar si una médica de la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3 de Villa Griselda, La Banda, mintió sobre las semanas de gestación de una niña violada, para no aplicarle la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
De acuerdo a una denuncia, a la niña y a la madre se les brindó información errónea sobre la cantidad de semanas de gestación a los fines de evitar interrumpir el embarazo.
En diálogo con Radioinforme 3, Natividad Nassif, ministra de Salud de Santiago del Estero, aseguró que “cuando se tomó conocimiento en el centro integral de salud donde acude la niña con la mamá se la internó, se le hicieron los estudios y se detectó la cantidad de meses de embarazo”.
“Se le hizo una conserjería con personal del Centro Integral Banda para asesorarla en su derecho a la ILE; y tanto la madre y la niña manifestaron la decisión de continuar con el embarazo”, explicó la funcionaria.
En este marco, señaló que cuando se da este consentimiento no es necesario una firma, sino que ya consta en la historia clínica de la menor, firmada por un profesional médico.
Sin embargo, referentes de Salud Sexual y Reproductiva del lugar apuntan a que no se le brindó correcta información sobre sus derechos sexuales y reproductivos a la menor, tal cual lo contempla la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Civil argentino.
Es así que, las sospechas recaen sobre la médica coordinadora de la UPA Nº3, a quien acusan de demorar casi tres semanas la información a las autoridades sanitarias provinciales, así como los datos del embarazo en donde se indican 26 semanas de gestación cuando apenas transcurrían 20.
Consultada sobre este punto y la posibilidad de que los datos hayan sido erróneos adrede, Nassif evitó profundizar sobre el tema y sólo aseguró que “la atendió un profesional capacitado”.
En este contexto se elevó un sumario por la actuación contra la Unidad Primaria de Atención donde se analizan las acciones para “determinar los grados de responsabilidad”.
“Lo que quiero dejar en manifiesto es la posibilidad que tuvieron y que no se le negó el ILE”, remarcó la ministra.
“En Santiago del Estero no está con la adhesión al protocolo, pero es menester aclarar que las personas y mujeres que han querido hacer uso del ILE han tenido la oportunidad y uso de su derecho”, afirmó.
“Aquí en Santiago nunca se ha negado a la aplicación del artículo 86 del Código Penal. Las personas que han querido hacer uso de ese derecho han tenido la posibilidad”, manifestó.
Por otra parte, insistió en que a la menor involucrada se le realizó un “abordaje integral” por ser un caso de violación y “dada la cantidad de semanas de embarazo”.
La defensora nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, aseguró en un medio televisivo que “conocía el caso desde sus inicios” y que "la niña tenía 20 semanas de embarazo y le dijeron que tenía 26”.
“No se dio aviso al Ministerio de Salud, ni a la Dirección de Infancia que tiene que intervenir, porque hay una niña abusada. Tampoco se hizo la denuncia en la comisaría del Menor y la Mujer", explicó y sentenció que "hay un cúmulo de incumplimientos, más allá de la ILE, del derecho de la niña a ser informada, y el derecho de la madre".
Por su parte, organizaciones sociales de la provincia manifestaron "gran preocupación por las posiciones públicas de la médica involucrada en sus redes sociales, quien antepone sus creencias religiosas por sobre la legislación vigente".
Santiago del Estero es una de las provincias con más alto índice de niñas madres, según datos del Ministerio de Salud de Nación.
Entrevista de Miguel Clariá.
