House of CFK, tercera temporada

Adrián Simioni

A ocho meses de iniciado el gobierno de Alberto Fernández, esta semana terminó de quedar claro que la imagen de moderado que el Presidente presentó en la campaña (y que tal vez coincida con su esencia) es incompatible con la cláusula 1 del pacto fáustico que firmó para acceder a la Rosada. 

Fernández tiene que garantizar la tranquilidad judicial de Cristina Fernández & Cía, mientras lidia con una pandemia mundial, a la vez que busca alternativas para retomar el ajuste que Mauricio Macri le había entregado a medio hacer y que el hoy presidente le criticaba.

Parece una tarea imposible. Para administrar la pandemia y para conducir racional y políticamente el ajuste (para que no lo haga a la bruta la inflación), Fernández necesita paz social y consenso político, algo de por sí difícil de alcanzar. Pero imponer la agenda judicial K le aborta de raíz cualquier diálogo.

El Presidente debe haberlo entendido. Y, ante la inviabilidad del consenso, optó por la confrontación. Sólo así se entienden sus últimas acciones.

¿Por qué Alberto no lo contó antes?

Por ejemplo, el Presidente le atribuye -ahora- a Mauricio Macri haber expresado un horrendo desprecio por la vida en una conversación que tuvieron al inicio de la pandemia (“Que se mueran todos los que tengan que morirse”). Es raro: Fernández nunca había contado semejante espanto. Al contrario: la agencia estatal militante Télam había cronicado que Macri había expresado su respaldo a la cuarentena diseñada por Fernández. E incluso Macri decía eso mismo, el mismo día de la conversación, a través de Twitter.

Alguien está falseando lo que el otro dijo. Y esa rotura de la palabra política sería un enorme costo para alguien que estuviera buscando generar consenso. Fernández ya no lo está buscando.

La reforma judicial de prepo -hecha con fustazos para algunos y regalos de absurdos juzgados federales en pueblos de 5.000 habitantes para otros- es el parteaguas. Está claramente destinada a copar lo que queda de la Justicia Federal para terminar con los juicios por corrupción.

Los costos gigantescos son institucionales. Los pagaremos por décadas. Y también se suman otros daños y perjuicios. Por ejemplo, Alberto Fernández puede terminar despidiéndose de protoaliados racionales que tan bien le vendrían para tratar de evitar que la Argentina siga bajando al subsuelo económico.

Todo vuelve

El lavagnismo ya anunció que no acompañará la reforma judicial. Y el schiarettismo ya dijo en voz alta que no la votará y dio a entender que ni siquiera dará quorum.

El kirchnerismo exigirá venganza. Agárrense, cordobeses: ¿se acuerdan de la Caja de Jubilaciones desfinanciada, del impuesto al fuego, de la Gendarmería ausente mientras la capital se incendiaba en un paro policial de 2013? Ojalá nada de eso se repita.

Cláusula Parrilli

Cristina no sólo le impone una agenda y un estilo a Fernández. También le impone sus viejas guerras. Como si esta fuera la tercera presidencia de CFK. De hecho, en House of CFK, tercera temporada, Alberto Fernández reedita la guerra contra los periodistas y los medios.

Sobresale la “cláusula Parrilli”, que, si sale la reforma judicial, obligará a los jueces a denunciar “presiones mediáticas” ante el Consejo de la Magistratura. Si los jueces están obligados a denunciar, se supone que no hacerlo los ubicaría en el mal desempeño de sus funciones, que es una causa de remoción.

El kirchnerismo encontró una buena forma de no quedar como loco malo, un protofascista solitario que considera golpista a la libertad de expresión. Ahora habría también jueces haciéndolo.

Internet es mía, mía, mía

En esa línea está la intempestiva decisión de declarar por decreto que los servicios de Internet, la telefonía celular y la TV por cable dejan de ser negocios privados (como la producción y venta de alimentos) y pasan a ser concesiones públicas (como la luz o el gas). Un mercado privado en el que debía promoverse la competencia se transforma en un mercado intervenido donde la competencia se anula: de hecho, el gobierno va a fijar servicios mínimos y tarifas. O sea: todos a hacer lo mismo.

El nuevo intervencionismo le servirá a Fernández para hacer lo que siempre hacen los demagogos de poca monta: regalarles a sus súbditos lo que otros han invertido. En efecto, durante un tiempo, disfrutaremos los precios congelados de Internet, hasta que el servicio deje de funcionar o se vuelva decrépito en términos internacionales.

Se invoca la urgencia de la economía en pandemia. Pero el gobierno ya había frenado aumentos y prohibido los cortes de esos tres servicios sin un DNU. Y hay estudios comparativos internacionales que muestran que Argentina dista de ser un país caro en esos servicios.

Ojo con el gol en contra

Por eso, es altamente probable que el objetivo de semejante golpazo sea mucho más: el grupo Clarín, cuyos accionistas tienen también fuerte representación en Fibertel, Cablevisión, Personal y Telecom.

¿El gobierno seguirá rediseñando de apuro el futuro de una industria vital para el desarrollo social y económico, como la de las telecomunicaciones, sólo para doblegar la línea editorial de un diario, un canal de cable y una radio?

Alberto sigue el destino inexorable de Cristina. Y su condena es repetir sus peleas. Ojo que le puede volver a salir el tiro por la culata. El nuevo intervencionismo podría ser dañino para Fibertel, Cablevisión, Personal y Telecom. Pero también podría protegerlas, al espantar a competidores internacionales. Ojo con el gol en contra.