El juez federal Marcelo Dos Santos dispuso que propiedades y sumas de dinero en efectivo, valuadas en más de 7.000 millones de pesos, queden bajo la tutela de la Agencia para la Administración de los Bienes del Estado (AABE), en el primer fallo que se dicta en base al decreto 62/19 de extinción de dominio firmado por el presidente Mauricio Macri.
El magistrado, a cargo transitoriamente del Juzgado Civil y Comercial Federal 10 de la ciudad de Buenos Aires, tomó esta resolución en base a una demanda de extinción de dominio presentada por el Ministerio Público Fiscal contra el denominado "Clan Loza", una organización criminal dedicada a la comercialización y tráfico de drogas.
Los bienes incautados que ahora deberán pasar a la administración de la AABE se encuentran más de 60 inmuebles, una treintena de vehículos, maquinarias y montos de dinero en efectivo secuestrados en allanamientos que se efectuaron en esta causa, tramitada en el Juzgado Nacional en lo Penal y Económico 2.
El juez Dos Santos ordenó en este fallo que "se disponga la extinción de dominio de los respectivos bienes de origen ilícito a los efectos de que sean recuperados y su producido destinado a la sociedad".
Al respecto, el ministro de Justicia Germán Garavano destacó en Radioinforme 3 que ahora "el Código Penal permite el decomiso de bienes y esto generalmente se producía después de la sentencia".
El funcionario remarcó que gracias a la extinción de dominio se puede "cortar el financiamiento interno de estas organizaciones delictivas" y "si uno corta ese flujo de dinero, desarma las organizaciones".
Garavano recordó que "sectores del peronismo y del kirchenerismo no querían acompañar esta iniciativa que hoy alcanza todos los bienes y puede ser usado para bienes de la corrupción".
"Para las organizaciones criminales tipo narcotráfico, donde este Gobierno ha hecho avances muy fuertes, esto corta el flujo de dinero, de bienes y pagos, porque muchas veces se seguía pagando y manteniendo en silencio a estas bandas", señaló.
Y agregó: "Por otro también quita y desalienta la comisión de delitos, porque una persona sabe que se cometen más riesgos para tener más bienes".
Con la extinción de dominio y tras el proceso judicial, "esos fondos ingresan directamente al Tesoro Nacional y nos permiten afrontar los gastos del Estado, por eso es tan importante este mecanismo, que reemplaza en algún punto el pago de impuestos de los ciudadanos".
Por otra parte, Garavano citó como antecedente los 800 mil dólares que se le secuestraron a Antonini Wilson y que fueron destinados a la construcción de dos jardines de primera instancia, uno en Misiones y otro en Tucumán, que también fueron fruto de una polémica porque el intendente de esa ciudad se resistía a inaugurarlo".
Entrevista de Miguel Clariá
