El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, fue denunciado penalmente por violar la cuarentena al, supuestamente, participar de un asado con funcionarios de los tres poderes del Estado e intendentes de su provincia.
La presentación judicial fue efectuada el lunes por la referente local de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Alejandra Martínez Romero, y por el abogado Gustavo Morales.
La denuncia también involucra al vocal de la Corte Suprema local, Daniel Leiva; al vicegobernador Osvaldo Jaldo; a los ministros del Interior, Miguel Acevedo, de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin y de Salud, Rossana Chahla.
También se acusa a la diputada nacional del Frente de Todos Gladys del Valle Medina; al vicepresidente primero de la Legislatura provincial, Gerónimo Vargas Aignasse; a los intendentes peronistas Darío Monteros (Banda del Río Salí), Carlos Najar (Las Talitas), Javier Noguera (Tafí Viejo) y Aldo Salomón (Alderetes).
"Hubo una reunión, un asado bastante concurrido con muchas autoridades. También buena carne y buen vino. Esto se da en un contexto que llama la atención porque en Tucumán hay una interna fuerte entre el Gobernador y el Vicegobernador. Ambos están preocupados por la sucesión. Esta comilona sería parte de una tregua", contó a Radioinforme 3 Federico Turpe, secretario de Redacción de La Gaceta, medio que informó sobre el hecho.
De acuerdo a la denuncia, el asado se habría realizado en la casa de la diputada Del Valle Medina y de su esposo, el intendente Monteros, en la localidad de Banda del Río Salí, 8 kilómetros al este de la capital tucumana, en medio de la cuarentena obligatoria por coronavirus.
Según comentó el periodista tucumano, el miércoles pasado el propio fiscal Carlos Picone había estado en un programa de tv y había informado sobre la cantidad de detenidos y la inexistencia de privilegios en la cuarentena.
"El fiscal hacia alarde de que no había privilegio para nadie, que iban a ser inflexibles con la gente de mayor poder adquisitivo porque estaba mas informada y no era lo mismo que el que tiene que sobrevivir de changas", explicó.
De acuerdo al planteo judicial, los funcionarios "violaron lo ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional en el decreto 297/2020, en particular el artículo 4, donde se establece que ante un supuesto de infracción al aislamiento social preventivo y obligatorio corresponde la inmediata intervención de la Justicia Penal".
El escrito especifica que los funcionarios incurrieron en un "delito doloso", contemplado en el artículo 205 del Código Penal.
"El autor debe conocer el deber impuesto por las medidas sanitarias, la situación de riesgo de epidemia y la obligación de cumplir con dichas medidas en el caso concreto", señalaron.
Entrevista de Miguel Clariá.
