El estado de salud de Florencia Kirchner y su tratamiento en Cuba, que fue dado a conocer por su madre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, abrió una serie de interrogantes en cuanto a su complicado panorama judicial.
La joven de 29 años, hija de Néstor y Cristina Kirchner será juzgada en la causa Hotesur, empresa adquirida en 2008 por su padre con 2 millones de dólares que compró en los días de mayor tensión en el mercado financiero, cuando el valor se depreciaba y fugaban las divisas.
Además, tiene que enfrentar el juicio por el caso Los Sauces, que investiga una serie de negociados inmobiliarios a través de los cuales se habrían lavado activos probablemente provenientes de fondos de la obra pública.
Y en ambos casos, a diferencia de su hermano y su madre, Florencia no cuenta con fueros.
En este marco, y ante su actual situación en Cuba, Miguel Clariá consultó a la defensora Oficial de la Justicia Federal a cargo de extradiciones, Marcela Crespi, para saber cómo se realiza el trámite en ese país, en caso de ser necesario.
Según el Código Penal cubano, “la extradición de extranjeros se lleva a cabo de conformidad con los tratados internacionales, o, en defecto de éstos, de acuerdo con la ley cubana”.
No obstante y pese a que no hay un tratado entre Argentina y Cuba para las extradiciones, Crespi aseguró que eso no quiere decir que no vaya a haber extradición, en caso de ser solicitada.
De acuerdo a su explicación, “que no haya tratado no quiere decir que no haya extradición”, sino que “se hace un proceso conforme a la ley del país requerido”.
“No es una excepción, si no hay tratados, el pedido se hace al país requerido que lo tramita de acuerdo a su ley interna”, precisó.
“En Córdoba tramitamos un pedido de extradición de Marruecos y se realizó conforme a la ley nuestra, el otro país se tiene que adaptar”, ejemplificó.
En el supuesto caso de que se solicite la extradición de Florencia Kirchner, Crespi indicó que “será la justicia cubana, conforme a su ley la que decida si concede la extradición o no”.
“Pasa a ser una decisión de la justicia cubana y del Poder Ejecutivo”, apuntó.
“Primero se tramita el pedido en la justicia y aún si la justicia concede o resuelve, hay un análisis del Poder Ejecutivo que es de tipo político, en donde la justicia no tiene por qué hacer”, agregó.
“Siempre la última palabra la va a tener el ejecutivo, en nuestro país en general el poder ejecutivo coincide con la justicia pero no siempre es así”, advirtió.
Entrevista de Miguel Clariá.
