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¿En qué idioma hay que decirlo?: paren de subir impuestos

Argentina, cuarto país con más presión tributaria en América. Sin contar el impuesto inflacionario. En 20 años subieron 78%. Pero los paga sólo el 60% en blanco, que va muriendo.

08/10/2019 | 07:26

Adrián Simioni

Adrián Simioni

A Alberto Fernández, probable futuro presidente de la Argentina, se le acaba de prender la lamparita. Adivinen qué: al final, para él, parte de la salida a la crisis económica del país se resolverá con… más impuestos.

El candidato ha hablado por ahora de subir dos tributos: la parte fija de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y el impuesto a los Bienes Personales, un tributo que, en los muy pocos países en los que existe no tiene las características draconianas que tiene aquí (computa bienes pero no deudas; empieza a pagarse apenas se supera un patrimonio miserable de 33 mil dólares, hace triple imposición con impuestos y tasas que provincias y municipios también cobran sobre inmuebles y autos).

Ya no quedan datos sin conocer para constatar que los impuestos en Argentina son altísimos. Según la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) Argentina es el cuarto país de América latina con los impuestos más altos: acá el Estado toma para sí el 30,3% de todo el Producto Interno Bruto (PIB).

A la Argentina sólo la superan Cuba, que hace 70 años viene hundiéndose en la miseria pese a ser subsidiada por otros países; Brasil, que precisamente está en un profundo proceso de ajuste previsional y laboral; y Uruguay, que tiene un Estado caro como Brasil, pero al menos es capaz de proveer un bien público como la moneda, dado que ambos erradicaron la inflación. Acá tenemos un Estado carísimo completamente incapaz de proveer ese bien público básico que es la moneda desde hace 80 años.

En efecto: Brasil y Uruguay tienen mayor presión tributaria que la Argentina pero eso es sólo porque la Ocde no anota el impuesto inflacionario. Como tampoco los cíclicos defaults en que ingresa la Argentina para sostener un Estado infinanciable.

Un país como Chile, modelo desde casi todo punto de vista, tiene una presión impositiva equivalente a 20,2% del PIB, dos tercios del argentino; Estados Unidos, 27,1%; Corea del Sur, 26,9%; Australia, 27,8%.

La mitad paga todo

La cuestión es más grave todavía. En Argentina a ese alud de impuestos lo paga el 60% de los contribuyentes que están presos en el zoológico de la Afip. El 40% restante vive en un paraíso fiscal. En alguno de los múltiples estudios que lleva realizados al respecto, el Iaraf que preside el economista Nadin Argañaraz ha demostrado que, si se considera ese hecho, la presión impositiva para una empresa argentina que tiene que pagar los impuestos es, entonces, algo superior a la que enfrenta una empresa europea.

Otra forma de verlo: los argentinos hemos terminado viviendo en un laberinto inadministrable de 163 impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales.

Volvemos a citar al Iaraf: sólo contando 14 de esos impuestos, en un hogar típico de cuatro miembros que cobre y gaste en blanco, el jefe de ese hogar termina trabajando exclusivamente para el Estado 180 de los 365 días del año.

Nadie hace lo que hace Argentina

El asunto viene de lejos. Su correlación con la decadencia y el achique de la economía argentina es prácticamente irrefutable. Un estudio de los economistas Marcelo Garriga, Walter Rosales y Norberto Mangiacone mostró que, en 20 años (1995 a 2015) la presión tributaria aumentó…78%. En Brasil subió 20,3% y en Chile, 12,4%. En el promedio de América Latina aumentó 33,5%, la mitad que en Argentina. En los “socialistas” Noruega y Suecia, en el mismo período la presión bajó 5%.

Ya que estamos, subamos el gasto

Lo peor es que Fernández no sólo está pensando en subir impuestos. También habla de subir el gasto que la Argentina no logra financiar ni siquiera estrangulando a la economía por todos los lados posibles: impuestos récord, emisión espuria y endeudamiento hasta el default. Al menos es lo que da a entender en campaña. Ayer, en referencia a la “salida a la uruguaya” que él mismo propuso antes de enterarse que como parte de esa salida Uruguay cumplió un severo plan de austeridad, Fernández descartó un ajuste local. “Es cierto que Uruguay hizo ajuste pero más ajuste que el de Macri no existe”, dijo.

Ayer, en cambio, anunció un nebuloso plan contra el hambre en el que asesorarán especialistas como Marcelo Tinelli que promete traer consigo una nueva tarjeta, esta vez alimentaria, que se sumará a los cientos de planes que, desde 2008, acompañaron el paulatino y constante incremento del déficit fiscal, la inflación y la pobreza. No vendría sola, sino con compromisos del Estado para comprar caro los alimentos que supuestamente producen las cooperativas piqueteras y con la obligación de los súper de destinar partes de sus góndolas a exhibir productos de la “economía popular” que elija Juan Grabois y que hoy no logran entrar por problemas de calidad, precio, escala o logística (a menos que los supermercadistas sean tontos que se niegan a ganar plata vendiendo productos buenos, bonitos, baratos y disponibles).

Una alianza del trabajo de verdad

Lo único que no se les ocurre a los políticos argentinos es bajar el gasto público para dejar de ahogar a quienes no viven del Estado con impuestos, emisión sin respaldo o endeudamiento descerebrado.

En lugar de eso sigue habiendo fiesta. Los empleados públicos de Córdoba, por ejemplo, después de tener sus salarios durante dos años ajustados a la inflación, van a cobrar un bono, mientras la economía privada de Córdoba que banca todo eso vive una sangría salarial y laboral.

La Nación, las provincias, los municipios, tienen infinitas cuentas para cortar, desde las jubilaciones privilegiadas de provincias atadas también a la inflación hasta las pautas de la publicidad estatal, pasando por los asesores de legisladores por cuya actividad la sociedad jamás pagaría dos mangos.

No hay forma de que lo entiendan. Y no lo van a hacer hasta que quienes no viven del Estado se organicen y digan “basta”. Antes de la rebelión fiscal hay muchas leyes que un partido político capaz de representarlos podría proponer. Por ejemplo:

1- Prohibir que Nación, provincias, municipios, universidades y empresas concesionarias incrementen su cantidad total de empleados y contratados temporales hasta que deje de haber más de 14 empleados públicos y jubilados por cada 10 empleados privados en blanco, que son los que tienen que producir la base imponible sobre la que luego se pagan impuestos para banca a los 14. Si en una provincia faltan maestros, el gobernador podrá tomarlos perfectamente, siempre que primero reduzca la nube de ñoquis y militantes rentados con que se eterniza en el poder.

2- Prohibir que se aumenten salarios estatales y jubilaciones nacionales y provinciales hasta que el promedio de los salarios privados en blanco crezca por encima. Si el neurocirujano de un hospital público necesita cobrar más, entonces hay que dejar primero que la inflación licúen los sueldos de los asesores de la nada.

A muchos esto les puede puede parecer doloroso. Pero es igual de doloroso si el sueldo o el empleo afectado es el del metalúrgico de una empresa ahogada en impuestos y sin crédito.

Igual de doloroso. Pero no igual en sus consecuencias. La sociedad que sacrifica en el altar de la falsa solidaridad a los que trabajan de verdad no tiene futuro. En cambio, la sociedad que deja caer los empleos o los salarios ficticios o improductivos tiene, tal vez, una oportunidad.

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