Más allá de los naranjitas, ¿es razonable pagar por estacionar en la calle?

Adrián Simioni

Ayer fracasó en Córdoba un proyecto del legislador independiente Gregorio Hernández Maqueda para prohibir que los naranjitas cobren ilegalmente por dejarte estacionar en cualquier lugar de la provincia. Lo acompañaron sólo 20 legisladores de distintos partidos excepto el peronismo y la izquierda. Lo rechazaron invocando la autonomía de cada municipio en este rubro y algunos afirmaron que era un proyecto “discriminador”.

Pero en el debate se escucharon cosas que van más allá. El legislador Agustín Spaccesi, de La Libertad Avanza, afirmó lo siguiente:

Sostuvo que no hay fundamento alguno para que se cobre el estacionamiento, legal o no. Para él nadie paga voluntariamente por estacionar. Y esa coacción estatal no debe existir porque es simplemente otra forma en que el Estado nos roba a cambio de nada. El conductor debe decidir él en qué gastar su dinero en lugar de ser forzado a pagar por algo que no contiene ninguna contraprestación a cambio.

Y prometió presentar un proyecto en ese sentido, para prohibir cualquier tipo de cobro en todo el territorio provincial. Más allá de la cuestión de las autonomías provinciales, es interesante la cuestión de fondo, porque va al rol del Estado, algo que en Argentina está en plena discusión.

En efecto, ¿por qué pagar algo que no estaríamos dispuestos a pagar voluntariamente, dado que no percibimos ningún beneficio concreto?

Bueno, regular el estacionamiento tiene dos funciones importantes. Una, es ordenar el caos y evitar el abuso de un bien escaso. En los centros de las ciudades, y en otros lugares como las costas de los ríos en verano, los espacios para estacionar son bienes escasos. No hay lugar para todos todo el tiempo. Cobrar es una forma de desalentar la ocupación del lugar. Por ejemplo que venga menos gente al centro en auto. Y, sobre todo, que el que estacione no se eternice en ese espacio, haga sus trámites lo más rápido posible y se vaya. Es para facilitar que más gente pueda usar ese espacio escaso.

Hay otro objetivo: si el cobro, la regulación, es buena y se mantiene en el tiempo, aparece un incentivo para que los inversores construyan cocheras. No sólo las de uso público sino también las privadas, debajo de cada edificio de departamentos. De manera que los espacios para estacionar sean menos escasos y empiecen a ser más abundantes. Que el sector privado se encargue de producir cocheras. Igual que la demanda de tomates hace que más gente cultive tomates. Eso funcionó en Córdoba cuando el exintendente Rubén Martí empezó a cobrar el estacionamiento con parquímetros con la vieja Ciucor, algo que quedó destruido cuando su sucesor Luis Juez estatizó ese servicio y pronto dejó de funcionar: todo el mundo rompía los parquímetros para no pagar, la recaudación empezó a bajar, nadie reinvirtió en el sistema. Algo así busca incentivarse en barrios como General Paz o Alta Córdoba, donde empezaron a construirse torres pero no cocheras.

Es un excelente ejemplo para este debate que tenemos sobre el rol del Estado: ¿debe retirarse y dejar que todos paguemos cualquier cosa en forma voluntaria? En ciertos casos puede ser. ¿Debe regular? En ciertos casos puede ser. ¿Qué tipo de regulación? Ese es el otro punto: debe regular bien, haciendo normas que nos sirvan a todos, como individuos y como sociedad. Y eso también depende de cada caso particular.