Prestadores, instituciones, profesionales, personas con discapacidad y sus familias salieron a la calle este lunes, en diferentes marchas en todo el país, para reclamar por el recorte que están teniendo en el sector y la falta de pago de los servicios.
La realidad afecta a todos los actores involucrados: a quienes trabajan con personas con discapacidad y a las familias que necesitan de sus servicios.
Los primeros ya no pueden sostenerse económicamente sin cobrar durante meses con aranceles bajísimos y los segundos quedan rehenes de esta situación porque no pueden acceder a lo que les corresponde que cubran las obras sociales que no están pagando.
Adrián Martínez, psicopedagogo y miembro de Converger (MP: 1327), recordó en La Mesa de Café que "no es la primera vez" que en el país se realiza un recorte a la discapacidad. "Ya sucedió en el 2012 cuando hubo un quiebre del sistema prestacional de las Personas con Discapacidad, y en el 2016 con un recorte grave en las pensiones", apuntó.
Ahora el reclamo involucra a distintos actores que trabajan con personas con discapacidad: transportistas, profesionales, fonoaudiólogos, psicomotricistas, instituciones y hogares de integración.
Argentina cuenta con las leyes 22.431 y 24.901 que plantean cómo debe funcionar el sistema de atención a personas con discapacidad y cuáles son los organismos encargados de financiar esas prestaciones.
Las obras sociales deben financiar las prestaciones a través de un fondo solidario, que se conforma con los aportes de cada trabajador en blanco y con un mecanismo de reintegro se recupera lo que las obras sociales dan por esas prestaciones.
En este contexto, por una parte, hubo una retención por parte de Afip, lo que generó un atraso en el pago a las obras sociales repercutiendo directamente en un recorte a los trabajadores de personas con discapacidad.
Y en segundo lugar, comenzó a circular un borrador de un DNU donde las obras sociales piden más presencia del Estado en los gastos vinculados a discapacidad.
“Con el gobierno de Cristina Fernández se hizo un aporte del Estado a las obras sociales para corregir eso y con Macri también. En este momento se plantea retirar y dividir las prestaciones de ese sistema de la ley 2.491 y que algunas pasen a depender de la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) a través del Tesoro”, explicó Martínez.
Y advirtió: “Eso lo que hace es quebrar el sistema prestacional”.
El Sistema Prestacional en crisis
El sistema prestacional para personas con discapacidad de Argentina es reconocido mundialmente y en Latinoamérica es el primer sistema que se armó en función de la atención para la población de este sector.
“La situación es grave, porque esto en lo que termina es en un atraso por parte de las obras sociales”, planteó.
Quienes no cuentan con obra social tienen el programa Incluir Salud que en junio no ha realizado el pago y por eso preocupa a las instituciones.
Martínez explicó que esta crisis y falta de pago afecta la “calidad de vida diaria”. “Hay personas que necesitan del apoyo para realizar actividades cotidianas, tiene que ver con alimentación vestimenta, cuestiones de higiene y recreativas en pos de la inclusión social”, remarcó.
“Los prestadores nos encontramos en una trampa. Vamos a seguir trabajando pero necesitábamos tomar una medida y cada profesional transportista la toma en la medida que puede: algunos dejaron de trabajar por tres días, se hizo una concentración, otros trabajan en la concientización y visibilización”, planteó.
“Nos es difícil visibilizar la situación de la discapacidad y de los apoyos diarios. Tenemos una obligación ética, pero tampoco podemos sostener los trabajos diarios si tenemos situación como un atraso o aranceles que no alcanzan”, lamentó.
Entrevista de Miguel Clariá.
