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Venezuela y corrupción: el ocaso de la ética progresista

Por Carlos Sagristani

19/07/2019 | 10:24

Carlos Sagristani

Carlos Sagristani

El progresismo laico y los partidos democráticos inspirados en la doctrina social de la Iglesia compartieron una noción de ética pública señera en el Occidente moderno. Una ética fundada en valores universales que sintetizaban el espíritu de época de la posguerra: libertad, justicia, dignidad de las personas, gobierno transparente, poder distribuido, igualdad de oportunidades.

Ese consenso tácito no disolvió la identidad diversa de unos y otros. Al contrario, compitieron por el poder a veces con fiereza.Sobre todo en Europa y con menor intensidad en América latina.

Aquellos valores comunes los enfrentaron en el pasado con un tercer actor, los populismos de diferente pelaje.

La novedad política de la épocaes un neoprogresismo latino parido por la simbiosis de corrientes con raíces en los tres espacios. El kirchnerismo ya acredita membresía y recibe bendiciones de la coalición incipiente.

Del Vaticano a México

Dos foros expusieron cierta trazabilidad de la nueva convergencia. El mes pasado, la Cumbre Panamericana de Jueces reunida en el Vaticano. Y el último fin de semana, el Primer Encuentro del Grupo Progresista Latinoamericano Progresivamente en la ciudad mexicana de Puebla.

Magistrados de la agrupación Justicia Legítima, con Eugenio Zaffaroni a la cabeza, representaron al kirchnerismo en Roma.

Fue en ese ámbito que Zaffaroni abjuró de la independencia e imparcialidad de los jueces y les reclamó en cambio que sean partisanos del “campo popular”.

En México estuvieron Jorge Taiana, Carlos Tomada, el cristinista reciente Felipe Solá y Julián Domínguez, un hombre más cercano a Jorge Bergoglio que a los Kirchner.

Ambas deliberaciones validaron el relato del kirchnerismo que identifica la lluvia de causas por corrupción durante su Gobierno como una supuesta persecución política.

Cristina integra un lote más amplio de doce presidentes o ex presidentes latinoamericanos presos, condenados o procesados por sobornos y delitos conexos. Entre ellos, Lula da Silva y Rafael Correa entre los más afines.

Relato de una conspiración

El Papa y Progresivamente agitaron el fantasma del lawfare, una conspiración política-mediática-tribunalicia contra movimientos que lucharían por la redención de los pobres.

Francisco les manifestó a los jueces americanos su “preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales”.

Alertó que “para garantizar la calidad institucional de los Estados es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas”.

El Pontífice se congratuló por la creación de un “Comité Permanente Panamericano de Jueces y Juezas” encargado de desbaratar los complots que pretenden someter a revisión penal los actos de gobiernos populares.

Los dirigentes socialdemócratas, socialcristianos, del PT brasileño y del kirchnerismo convocados en México le tomaron la posta. En su declaración del 14 de julio se comprometieron a “responder ante la guerra judicial o lawfare” que “se ha desatado contra dirigentes progresistas de América”. Sostuvieron que “es una forma inédita y agresiva de reemplazar las armas militares por la manipulación derecursos legales”.

Conformaronotro “comité”, que “diseñará acciones concretas para denunciar los casos de persecución jurídica contra ex jefes y jefas de Estado y líderes progresistas en Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia y otros países latinoamericanos”.

Fronteras ideológicas

El reagrupamiento del viejo progresismo laico y ahijados políticos del Vaticano resucitó las fronteras ideológicas, en desuso desde el fin de la Guerra Fría.

Quemó el antiguo catecismo y se sometió al primer mandamiento de Maquiavelo. El fin de blindar a la dictadura chavista justifica el silencio vergonzante sobre sus crímenes.

Paradojas del progresismo latinoamericano, fue una ex presidenta socialista de Chile –cuya fuerza política tuvo representantes en la reunión de México– quien demolió el ocultamiento de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Casi siete mil ejecuciones sin juicio previo, torturas, muertes por desatención médica que también se cuentan por miles, entre otras perversiones.

De eso no se habla

La declaración de Puebla no dedicó ni una línea al informe que Michelle Bachellet elaboró por encargo de las Naciones Unidas, tras relevar el territorio de la tragedia.

Progresivamente se limitó a “aplaudir el diálogo” entre delegados del régimen cívico-militar y de la oposición venezolana en Noruega, que nació muerto.

Un calco del libreto que recita la diplomacia vaticana. El secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, declaró esta semana que “la solución debe ser esencialmente política” y que el ámbito es la negociación “entre los actores implicados”.

La fórmula legitima al régimen de Nicolás Maduro al colocarlo en un pie de igualdad con la oposición civil.

En el último Angelus dominical, Francisco pidió a Dios que “inspire e ilumine a las partes”. Otra vez, equiparadas.  Expresó asimismo su cercanía con el pueblo venezolano, “particularmente extenuado por la prolongada crisis”.

La “crisis” así definida omite la responsabilidad del gobierno en su génesis y profundización continua. ¿Será acaso un pecado compartido por la ciudadanía?

Ni una frase salió tampoco hasta ahora desde el balcón de San Pedro sobre la represión ilegal de Maduro. ¿La política se antepone al liderazgo moral del Papa?

Cuatro millones de votos

Millones de venezolanos votan todos los días con los pies. Más de cuatro millones de personas que “emigraron para huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como de la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales”, según refiere el último informe de las Naciones Unidas, actualizado al 15 de julio.

El Alto Comisionado para los Refugiados advierte que centenares de miles de personas lo harán en los próximos meses en lo que caracteriza ya como “el éxodo más grande en la historia reciente de la región”.

Los emigrados no tienen jueces que defiendan sus derechos sociales. Ni encuentran la guía espiritual de quienes, se supone, hicieron una opción preferencial por los que sufren.

Cuatro millones de parias que el neoprogresismo no quiere ver.

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