El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, firmó un decreto que autoriza a la Policía a realizar controles de tránsito apuntando principalmente a la circulación de motos. Se trata de una medida que busca combatir a los motochorros ante los casos de inseguridad producidos tanto en la capital provincial como en otros centros urbanos.
Con la entrada en vigencia del decreto 460, la Policía santafesina podrá detener motos sin patente ni los papeles al día y secuestrarlas, aun así cuando los efectivos policiales no estén participando en operativos de control con los agentes de tránsito. De esta manera, los uniformados tendrán mayores atribuciones.
La medida recuerda algunos antecedentes en Córdoba y el resto del país. En 2014, la administración de José Manuel de la Sota intentó modificar la ley de tránsito provincial para implementar cambios y que sea obligatorio grabar en los cascos las patentes de las motos, lo que generó polémica y el rechazo de varios usuarios.
Luego, en 2017, la entonces ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, intentó implementar la misma medida a nivel nacional para combatir a los motochorros. Sin embargo, también generó el rechazo de los motociclistas por considerar que se los “estigmatiza”.
El secretario de Control Municipal de Santa Fe, Guillermo Álvarez, habló con La Mesa de Café sobre el notable crecimiento de los hechos delictivos donde están involucradas las motocicletas. “Respecto al primer trimestre del 2021, en lo que va de este primer trimestre de 2022 retuvimos más de 1.700 motos. Esto representa un incremento de más del 150% respecto al mismo período del año anterior”.
Álvarez dijo que este tipo de controles se implementaron a mediados del año pasado y advirtió que se intensificarán a lo largo de 2022.
A pesar de un incremento y endurecimiento de los controles, el decreto 460 santafesino tiene una especie de “letra chica” que establece que los policías deberán comunicarse con las áreas de transito de los municipios ante alguna irregularidad de los motociclistas.
En este sentido, el diputado provincial por la UCR, Juan Cruz Cándido, expresó en La Mesa de Café: “Leyendo el decreto, es una medida que puede tener buen impacto. Mi preocupación es la falta de planificación. Se dicta una medida y no se sabe todavía cómo se va a operativizar, corriendo el riesgo que la policía deba hacer más tareas administrativas cuando la idea es que haga menos tareas”.
Cándido advirtió que con esa “letra chica”, más que solucionar un problema, agrega más burocracia a la actuación de los efectivos policiales. “Eso nos parece preocupante. Si esto se pudiera solucionar, la medida sería más efectiva para frenar el avance de los motochorros”, dijo.
El decreto deja abierta la posibilidad de modificar la normativa y establecer cuántas personas pueden circular en moto en determinadas franjas horarias.
La medida dictada por el Gobierno provincial vuelve a reabrir el debate respecto a la estigmatización de las personas que utilizan su moto como medio de transporte para ir a trabajar o simplemente para moverse de un lado a otro de la ciudad. ¿Cómo y quién define cuando una motocicleta es “sospechosa”?
