El recital de Tan Biónica en la cancha de Instituto, en el barrio de Alta Córdoba, puso sobre el tapete nuevamente la discusión sobre la presencia de los naranjitas y el cobro por estacionar en la vía pública, que en la mayoría de los casos se torna extorsivo.
En diálogo con La Mesa de Café, el fiscal de Cámara Marcelo Fenoll señaló que la accionar de exigir dinero por cuidar coches, bajo una amenaza, se encuadra en el delito de extorsión, amparado en el artículo 168 del Código Penal.
“Extorsión es la acción de desplegar intimidación a los fines de que otra persona se ve obligada a entregar dinero o efecto. Si uno reproduce la dinámica de la interacción entre un automovilista y una persona que falsamente ofrece un servicio de protección, encontramos esto, porque si bien no es explícita la extorsión, todos interpretan y se les pasa por la cabeza pensar en las consecuencias y daños del vehículo y nadie que responda económicamente, si no se accede a esa extorsión”, detalló el funcionario judicial.
En ese sentido aclaró que no es necesario que haya una amenaza explícita, porque “dadas las circunstancias, el caso se presenta como tal”.
Al respecto el fiscal advirtió que hay que dejar de naturalizar esta transgresión, porque “el argumento real o no, de una necesidad económica, justifica la extorsión y habilita a cometer delitos”.
Para el fiscal hay que tomar acciones concretas y reclamar la presencia policial en estos casos, porque “de oficio” raramente actúa, al estar naturalizado este accionar.
“Como fiscal de instrucción tenía una zona específica de la ciudad donde ocurrían este tipo de acciones, y he llegado a dar instrucciones precisas a la policía para que actuara preventivamente, hace unos años, pero no se obraba de oficio. Nunca logré que se abordara la cuestión y esto es porque claramente está naturalizado y tolerado por la policía, por la justicia y por la sociedad”, lamentó.
Bajo esta circunstancia recordó que “tarifar irregularmente el estacionamiento en la vía pública es una falta que está en el código de convivencia”. “Es decir, ni siquiera necesitamos la constatación de un delito en flagrancia, sino que basta con que la autoridad preventiva advierta que una persona está cobrando el estacionamiento, tarifándolo”, remarcó.
A modo personal, aconsejó que los vecinos que se vean ante una situación de este tipo hagan la denuncia al 911 y digan lo que están sufriendo porque “la policía tiene obligación de obrar, de actuar este ante la posible constatación de un hecho del delito o una falta de flagrancia”.
“Cuando un ciudadano pide auxilio, ese auxilio debe llegar. Después la policía definirá qué hace o qué no hace”, concluyó.
Entrevista de Miguel Clariá.
