El presidente Javier Milei firmó un DNU para desregular la economía. Modifica más de 300 leyes, incluyendo la derogación de la Ley de Alquileres, la de Abastecimiento, la de Góndolas y el Observatorio de Precios. También desregula internet, la medicina prepaga, el turismo, y propone cielos abiertos y una reforma laboral.
Sobre ello, el abogado constitucionalista Diego Armesto dijo en La Mesa de Café que está de acuerdo "con el 99% con el contenido del decreto pero me hace ruido el mecanismo, el DNU". Y continuó: "Yo observo que no es correcta la utilización del DNU, pero será la Justicia o la Comisión Bicameral o el Congreso quienes deberán ejercer el control para decir si es constitucional o no".
En ese sentido, opinó que "los DNU en este país a la institucional se la llevaron puesta", y juzgó que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación nunca terminó de definir claramente la cuestión de los DNU, ya que nunca dijo si es constitucional o no".
Además, expresó que le pareció "muy osado tirar toda la carne al asador en un solo DNU", ya que "el problema que tiene es que si te lo rechazan, perdiste todo". Y agregó: "Para rechazar el DNU (que nunca lo hizo), lo tienen que rechazar las dos cámaras: la Bicameral del Congreso y el Congreso, y no podés usar la tijera en el DNU, digamos, no podés rechazar una parte sí y una no; es el todo, según dice la ley".
Explicó que el Congreso tiene 10 días de plazo para aprobar o rechazar el DNU, y mientras tanto tiene vigencia como si estuviera aprobado. "Empieza a correr el efecto jurídico a partir de su publicación", añadió. Y puntualizó: "Si vos el lunes alquilás, te van a aplicar el DNU. Los efectos del decreto son de acá para adelante, nunca para atrás. No hay retroactividad".
Armesto admitió estar preocupado porque "se va a terminar judicializando el tema en algunas cuestiones".
Por otra parte, en diálogo con Cadena 3, el secretario legal y técnico del Gobierno de Milei, Javier Herrera Bravo, al referirse al DNU dijo que "una acción de inconstitucionalidad puede presentar cualquier ciudadano, ya que siempre hay alguien que pueda estar en desacuerdo, pero la Justicia resolverá".
Y aseguró que el decreto "está absolutamente ajustado a derecho".
Sobre esto, Armesto reafirmó que "todos tienen derecho a presentar una medida cautelar, a pedir una acción de amparo o a patalear por la parte que les toque". Y manifestó que "el capítulo laboral creo que va a terminar todo judicializado, porque ataca puntos neurálgicos importantes del sindicalismo: convenios colectivos, aportes y obras sociales, que son la caja de los sindicatos".
Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Ariel Rodríguez.
