Hace pocos días, se conoció que la plataforma Amazon Prime Video planea estrenar a fines de 2023 un documental basado en el caso policial de Nahir Galarza, la joven que en 2017 asesinó a balazos a su novio, Fernando Pastorizzo.
Para realizar el thriller, la producción aportará una suculenta suma de dólares para la joven de 23 años condenada por el crimen.
La plataforma de streaming anunció de manera oficial la puesta en marcha del rodaje, que será protagonizado por la actriz Valentina Zenere, quien encarnará el enigmático papel de la mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua en la historia policial argentina.
El proyecto proporcionaría a la joven ganancias cercanas a los 500 mil dólares, a cambio de ceder los derechos.
¿Es posible realizar un documental sin arriesgarse a posibles problemas legales a futuro? La especialista en propiedad intelectual y derecho creativo, Agustina Laboreau, explicó a La Mesa de Café que todo lo que respecta a hechos probados y eventos históricos no tienen protección legal desde el punto de vista intelectual.
"Cualquier persona puede tomar esta información de interés general, que la Justicia probó que se desarrollaron de cierta manera a través de documentación para crear un documental ficcional y que el productor genere un contenido. Cualquiera podría tomar esta causa y tomar una producción ficcional", precisó la especialista.
Explicó que los productores buscaron la autorización para realizar el film porque, a pesar de ser un caso de dominio público, pueden verse vulnerados otros derechos a partir de la realización audiovisual. "Sin embargo, hacer un film no implica que Galarza pierda sus derechos que le asigna la Constitución, como el derecho a la privacidad", remarcó.
Comparó la situación argentina con la legislación estadounidense. "Estados Unidos tiene una política más activa de actualización normativa, que permite adecuar a las necesidades del momento la legislación. Tienen un sistema jurídico muy distinto al nuestro, lo que dificulta la comparación".
"A través de la autorización de Galarza, quienes producirán estos contenidos pueden evitar un problema mayor. Hacer una producción basada en hechos reales con un tono ficcional, puede perjudicar la reputación que ella misma se ganó con cometer el crimen", añadió Laboreau.
Sostuvo que realizar la producción audiovisual le podría permitir a Galarza pedir una medida cautelar para que el documental no se realice. "Por eso ahora se le pide la autorización de la condenada".
Y advirtió: "Es muy probable que surja algún reclamo, si es que no surgió a través de un documento privado. Las cesiones de derecho se gestan en el ámbito privado, contratos confidenciales sujetos a cláusulas muy severas. Es posible que ya se haya acordado en alguna medida o no y que la familia se oponga a la existencia de esta producción audiovisual. O negociar la posibilidad de que la producción exista y que la familia tenga injerencia en cómo realizarla".
Laboreau también dijo que la situación tiene que ver con la moral y el orden público, que a nivel jurídico se tiene en cuenta siempre. Y advirtió que, mientras Galarza cumpla la condena, no tendrá la posibilidad de disfrutar el dinero que recaude el documental. "Resta saber si los montos comunicados son los que realmente van a percibir los familiares de la condenada".
Por último, remarcó: "No hay impedimento legal para hacer el documental. Ella puede tener su forma de contar los hechos, hay que ver de qué manera se va a presentar esta propuesta audiovisual".
Entrevista de Miguel Clariá.
