Diana Cohen Agrest, doctora en Filosofía y presidenta de la asociación Usina de Justicia, dialogó en Mesa de Café y se refirió a las excarcelaciones masivas en la provincia de Buenos Aires tras un fallo del juez Víctor Violini que fue revocado este lunes por la Suprema Corte bonaerense.
Para Cohen Agrest, la liberación de presos fue una "confabulación en contra de la ley" que "vino de una autoridad superior".
"La orden no vino del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sino de una autoridad superior y desconoce lo que es la Justicia. Nadie puede ordenar una liberación global. Cada caso se estudia individualmente. Otra de las leyes que violaron fue la de Víctimas que dice que hay que consultarle antes de tomar una decisión", dijo.
Curiosamente los jueces actuaron en contra ley. No solo se trata de Violini. Hubo una confabulación en contra de la ley.
Tras conocerse la revocación del fallo, pidió que todos los presos que fueron beneficiados con la prisión domiciliaria vuelvan a la cárcel.
Eso debería ocurrir caso por caso porque así lo ordena la ley. Pero, para eso, cada juez debe llamar a la persona que se liberó y hacerlo regresar. Lo que pasa es que una cosa es decirlo en palabras y otra es la que pasa en los hechos.
"Nosotros podríamos especular que un interno que está terminando su condena, prefiera volver a la cárcel y terminarla. En cambio, ese que tiene años por delante, no lo quiera hacer y esa persona debería ser declarada prófuga de la Justicia", comentó.
Cohen Agrest argumentó, además, que existen "muchas maneras de preservar a los presos" y que podrían llevarse adelante sin la necesidad de que vuelvan a sus casas.
El Gobierno provincial no ha construido cárceles. Se podría haber creado un hospital de campaña o llevarlos a los hospitales como se hace hoy en día cuando un preso tiene problema. Estamos haciendo futurología porque todavía no hay presos con Covid-19 en las cárceles.
"Cuando los jueces liberan a un detenido que después termina matando, dicen que no pueden hacer futurología. Curiosamente acá sí están haciendo futurología porque no se sabe qué va a pasar ni con los presos ni nadie. Desde un punto de vista sanitario, está más expuesto el preso que vuelve a su casa, estando en la cárcel", explicó.
También se refirió a que la medida que fue tomada por Violini fue "anticonstitucional" ya que se trató de una orden que el juez de casación, le dio a jueces de instrucción.
"Eso no se puede hacer porque cada juez es responsable de lo que tiene bajo control. Eso es anticonstitucional y en el fuero penal no existen las medidas colectivas.
Y agregó: "Es un plan político. Nosotros sabíamos que había un proyecto de liberar presos con la excusa del hacinamiento de cárcel. El hacinamiento carcelario no implica que haya que liberar presos, sino que se construyan cárceles o que se pongan en uso, lugares que están en desuso. Nosotros somos primeros en pedir que estén bien tratados".
Finalmente, comentó que desde la asociación intentaron sentarse a la mesa de diálogo que se instaló el año pasado entre el Gobierno de Buenos Aires, la Comisión por la Memoria, los presos y otras autoridades, pero nunca les "dieron cabida".
"A principios de febrero tuvimos una reunión con el doctor Lisandro Pellegrini, solicitándole que nos dejaran participar de la mesa. Nos atendió gentilmente, pero nunca tuvimos novedad. En marzo presentamos una nota cuando se permitieron los celulares en las cárceles. Hicimos una seguidilla de presentaciones, pero en ningún momento se nos prestó atención", concluyó.
Entrevista de Miguel Clariá.
