Luego que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazara un recurso para que se suspendiera la aplicación de la Guía del aborto no punible, se generó un debate alrededor de este tipo de casos y de cómo debe actuar el médico al momento de recibir una paciente que pide o necesita practicarse un aborto no punible.
El cirujano José Gijena y su esposa Cecilia Ousset fueron protagonistas de un caso que trascendió a nivel nacional. Una niña de 11 años de edad se presentó en el Hospital Eva Perón de Tucumán con un embarazo de 23 semanas.
La pequeña había sido abusada sexualmente en reiteradas ocasiones por la pareja de su abuela, quien era su tutora. Por el desarrollo del bebé y el mal estado físico de la niña, los médicos determinaron que la mejor manera de interrumpir ese embarazo era mediante una cesárea.
Sin embargo, todo el personal del hospital se declaró en objeción de conciencia y José, junto a Cecilia -quien también era objetora de conciencia- decidieron priorizar la salud de esa niña y operarla.
"Ella siempre fue objetora de conciencia. Antes, vivimos en Mendoza en donde estos procedimientos estaban aceitados y convivíamos con médicos de planta: algunos objetores y otros no. Todo se desarrollaba de manera normal. No era una grieta en absoluto, cada uno respetaba la individualidad del otro y llevaba adelante su práctica médica", contó Gijena en Mesa de Café.
Según el cirujano, cuando el resto de la planta del Hospital Materno Infantil se declara como objetor, lo hicieron por presiones judiciales. "Cualquiera que interviniera iba a afrontar cuestiones legales", afirmó.
Sin embargo, la pareja decidió hacer caso omiso a esas presiones y atender la necesidad de la niña que estaba en peligro.
"La objeción de conciencia tiene que ver con una cuestión de creencia religiosa o moral pero cuando por encima de eso está el interés de una persona, tenemos que dejar de lado la objeción. Lucía estaba en riesgo de vida porque tenía la presión arterial elevada. Si hubiera sido necesario, lo hacía solo".
A los pocos días que la niña dio a luz, la bebé falleció y la fiscal Adriana Giannoni denunció a los cirujanos por presunta comisión de homicidio calificado quien se empeñó en intentar imputar a los profesionales.
"Las causas del fallecimiento aún no las sabemos porque la fiscal sigue aferrada al expediente. Un juez le solicitó que se lo lleve y se negó sistemáticamente. Nunca llegó el procesamiento porque el juez la apartó de la causa. Su actitud fue de amedrentamiento y de persecución", dijo.
Según el relato del propio Gijena, la noche misma de la cesárea, él y su mujer estuvieron llorando toda la noche porque "fue un momento duro, extremo y tenso" sobre todo para Ousset por ser objetora de conciencia.
"Imaginate si vos no querés hacer estas prácticas pero sos obligado a hacerlo. Le costó mucho pero esta adversidad lejos de amedrentarnos nos dio fuerza para avanzar en la lucha. En Argentina no puede haber niñas madres. Si a nosotros nos hubiesen condenado, ningún médico más se animaría hacer una interrupción legal del embarazo".
Finalmente, el cirujano hizo referencia a un hecho que sucedió el pasado fin de semana también en Tucumán. Una niña de 13 años, que quedó embarazada luego de haber sido abusada por un hombre de 20, fue asistida por su mamá y su abuela para tener a su bebé en su casa.
Como no supieron cómo hacerlo, terminaron estrangulándola y ante la desesperación arrojaron el cuerpo por la tapia al patio del vecino.
"La nena ahora está en estado de shock y aislada. La causa de esta pequeña cayó en el juzgado de la jueza Giannoni. Estas situaciones se presentan porque las mujeres no se animan a solicitar lo que les corresponde por derecho. No sólo el aborto en estos casos, sino también un control médico para llevar adelante el embarazo".
Entrevista de Miguel Clariá
