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Adrián Simioni
Retenciones
Las energéticas pueden amenazar con no invertir si les suben impuestos o retenciones. La agroindustria, no. Medidas que Centralia debería exigir, aunque sea para negociar.
FOTO: Agroindustria. El sector no puede seguir siendo el subsidiador general del país.
Otra vez el campo, otra vez la agroindustria, otra vez Centralia (*), otra vez las provincias menos verticalizadas con la Presidencia. Tienen todos los boletos comprados para que les aumenten retenciones e impuestos por la espalda y los compliquen con intervenciones de precios.
Ya lo dijo Alberto Fernández: “En la Argentina que viene todos tenemos que hacer un esfuerzo. Lo tendrá que hacer el sector del petróleo, el minero y el del campo. Todos los que producen tendrán que hacer un esfuerzo”. La ley de góndolas y las listas de precios que puedan salir del pacto social apuntan a la producción de alimentos.
Como se verá, es poco probable que todos tengan que hacer el mismo esfuerzo.
Por lo pronto, nadie ha dicho una sola palabra de abaratar el oceánico aparato burocrático nacional, provincial y municipal. Ningún esfuerzo en el Estado.
Para la industria urbana menos eficiente, heredera de la sustitución de importaciones de los 40’, nadie está pensando en subir impuestos. Más bien lo contrario. Están en danza una moratoria impositiva, otra moratoria previsional y un festival de créditos a una tasa de interés inferior a la inflación (o sea, plata regalada por el pueblo).
¿Todo eso podrá ser aprovechado también por la agroindustria y el campo? Seguro. Pero estos pagarán mayores impuestos y harán otros sacrificios, cosas que los demás no harán.
El sector energético está apuntado. Pero sus posibilidades de defensa mayores. Al revés del agro, donde una porción importante de la inversión debe hacerse cada año y en forma descentralizada (decenas de miles de pequeñas empresas), en la energía una porción mayor debe invertirse al inicio del ciclo y sólo unas pocas empresas tienen esa capacidad.
Eso suele ser la debilidad de las petroleras. Una vez que invirtieron, corren el riesgo de que los gobiernos las confisquen o les arruinen el negocio (fijándoles precios, subiéndoles impuestos, prohibiéndoles girar dividendos, etc). Sucedió en Argentina. En los 90 los privados invirtieron en energía. Luego, los K los intervinieron y así nos comimos las inversiones y perdimos el autoabastecimiento.
Después, Macri debió convocar de nuevo a los inversores. Les ofreció subsidios para sacar el gas de Vaca Muerta, libertad para mover sus dólares y crudo atado al precio internacional.
Pero ese proceso no pudo culminar. El propio Macri debió recoger el barrilete de toda esa liberalización y congelar precios y tarifas espantado por la inflación. Y quedaron muchas inversiones sin hacer. No sólo de las petroleras. Hoy, aunque las petroleras sacaran mucho más gas de Vaca Muerta no habría plantas para industrializarlo ni gasoductos, trenes, puertos o barcos para trasladarlo.
Paradójicamente, esa es la ventaja que tienen hoy las petroleras. Las inversiones no se terminaron, por ende no tiene sentido patotearlas. Ellas saldrían del negocio y listo.
Por eso, Fernández no podrá tratarlas como al campo. De hecho, el albertismo ya negocia. Les ofrece hacer lo que quieran con lo que exporten a cambio de limitar los precios internos.
Incluso así las petroleras le dicen que no. Que no les sirve de nada ahora la libertad de exportar porque por ahora no está la infraestructura para vender afuera. Y que de todos modos no tienen por qué recibir todo el beneficio de lo que exporten y sólo una parte de lo que vaya al mercado interno. Por la sencilla razón de que pueden irse a cualquier otro país donde nadie les quita nada.
Así que al nuevo gobierno, si quiere hacerse el duro con la energía, lo amenaza la escasez, la depresión de las provincias petroleras, las críticas por llevarnos de nuevo al fracaso.
Con las mineras pasa lo mismo. Pero su posición es aún más cómoda. Primero, porque ahí los proyectos son aún a más largo plazo que en el petróleo. Y tras el kirchnerismo los grandes proyectos de los 90 están en etapa marginal y no hubo inversiones similares. O sea: si suben retenciones se las van a subir a la casi nada.
Encima, a diferencia de la energía (donde los votantes quieren gas o nafta muy baratos) o de la agroindustria (donde los votantes quieren alimentos muy baratos), en la minería nadie anda reclamando porque el oro o la plata aumentaron. El costo político no existe.
No sabemos qué hará Fernández. Pero sí sabemos que los que tienen todos los boletos comprados son el campo y la agroindustria.
Por eso, sería urgente que estos sectores, los gobernadores de Centralia (no Axel Kicillof, que cuidará sus votos del conurbano) y las economías regionales de otras provincias tengan una estrategia.
Si el mazazo impositivo y retencional es inevitable, y si otra vez se pretenderá alimentar barato a todo el país a costa de un sector, todos deberían reclamar entonces medidas como las que siguen. Aunque sea para negociarlas.
Que los dólares que queden para el agro y la agroindustria después del hachazo de las retenciones sean liquidados por el Central a una cotización realista, que hoy sería el blue. Si no, funciona como una retención extra.
Si a las petroleras les van a permitir que mantengan sus dólares afuera, al menos que al campo no les cambien los dólares por el valor ficcional del dólar oficial.
Que se bajen el resto de los impuestos patrimoniales sobre el agro. Y que al gobernador que amenace con subir Ingresos Brutos a los alimentos le peguen en los dedos.
Una petrolera que no trabaja no tiene que pagarle el “inmobiliario petrolero” a las provincias. El campo, aunque se inunde, se seque o decida no sembrar porque el negocio no da, igual tiene que pagar esos tributos.
Los gobernadores de Centralia podrían aprender de sus pares del resto del país y pedir que la Nación les “compense” la baja del inmobiliario rural ¿Cuando, si no, le va a tocar a Centralia estar en emergencia?
Que al menos parte de las retenciones vayan de una buena vez a un fideicomiso para construir rutas, caminos, acueductos, desagües, puertos y vías férreas en Centralia.
Si la Nación tiene que construir ferrocarriles, gasoductos, puertos y plantas de licuefacción para sacar el gas de Vaca Muerta, pese a las regalías que cobran los emiratos patagónicos, lo mismo puede hacer en Centralia.
De paso: activemos la economía. Pero no bancando sólo a los militantes pagos del piqueterismo, sino a empleados de constructoras en el interior.
La agroindustria debe reclamar completa libertad para comerciar sus productos y adquirir sus insumos.
Por caso, debe haber libertad efectiva para importar gasoil y naftas para no quedar presos de las petroleras si el crudo baja. Y debe haber libertad para abastecer el mercado interno con biodiesel o etanol si un estacionario quiere, sin aplicarle los impuestos anticarbono que gravan a los fósiles.
Para eso basta habilitar a las automotrices a vender al mercado interno los mismos vehículos que fabrican acá para Brasil, algo que ningún presidente se animó a hacer.
Y desde ya, debe garantizarse, en la misma ley que les dé estabilidad fiscal a petroleras y mineras, que a ningún burócrata alucinado se le ocurrirá bajar del barco un contenedor cargado con carne vacuna o cualquier otra cosa para quedar bien con sus votantes de Morón.
(*) Franja central que incluye aproximadamente a Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires menos su conurbano bonaerense. Región que es el tradicional jamón del sándwich fiscal y financiero que alimenta la alianza populista-burocrática del norte y el sur del país, el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.
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