Cuestionan "formas legales" con que sacaron la jubilación y pensión a Cristina

El Gobierno nacional, a través del vocero Manuel Adorni, anunció este jueves que se decidió dar de baja la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de anular la pensión del expresidente Néstor Kirchner.

El hecho suscitó un debate sobre la legalidad y la forma en que se lleva a cabo dicho procedimiento.

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La abogada previsional Andrea Falcone -especialista en el ámbito de la seguridad social y pensiones- sostuvo en Cadena 3 que "esto puede hacerse pero no de la forma en que se hizo". 

Recordó que esta situación ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se dio de baja la pensión de CFK de la misma forma que ahora. En efecto, en ese caso, la Justicia determinó que se vulneró el derecho de defensa de la exmandataria, un principio fundamental para la validez del acto administrativo. 

Y amplió: "En 2020, cuando cambia la titularidad de ANSES, Cristina recuperó lo que le sacaron porque los tribunales resolvieron que se había vulnerado el derecho de defensa y por ende el acto no era válido y la ANSES no apeló. Entonces quedó firme la sentencia".

En relación al anuncio de Adorni, Falcone explicó que "la ANSES decide dar de baja los beneficios por entender que el criterio de honor no estaría cumplido" debido a la condena por corrupción que Casación ratificó este miércoles por la Causa Vialidad. 

Sin embargo, criticó que "no se la notificó para que ella se pueda defender" y cuestionó que la baja se comunicó sin el debido proceso, lo que podría dar lugar a un nuevo conflicto judicial.

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La abogada enfatizó que "debería haberse abierto una instancia donde la expresidenta pueda defenderse". Y comparó el procedimiento con el que se aplica a cualquier jubilado, quienes tienen el derecho a ser notificados y a presentar su defensa antes de que se tome una resolución.

La abogada concluyó que "hay que hacerlo bien para que sea efectivo", y sostuvo que el procedimiento adoptado por el Gobierno podría llevar a que la justicia determine que el acto administrativo es inválido, obligando a la ANSES a reintegrar los pagos. 

"Están a tiempo de reflexionar", añadió, sugiriendo que aún podrían corregir el proceso administrativo antes de que surjan mayores complicaciones legales.

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Entrevista de Rodolfo Barili.