El alambrado de la discordia

Según le manifestó el abogado Víctor Nazar a El Campo Hoy, se viven momentos de alta tensión, luego de un incidente violento que terminó con heridos de bala. El letrado es el apoderado legal del dueño de un campo que denunció la intrusión en su establecimiento de un grupo violento que cortó alambrados para poder ingresar. 

Una organización campesina, llamada Sentimientos de mi Tierra de la comunidad Sanavirón, ha cortado los alambres de un sector del campo y al desempostado y traslado de los postes.

Según detalló, a raíz de eso se planteó una demanda civil, donde el Juez mandó a constatar los hechos (que se habían sacado los alambres y los postes). "En menos de 15 días, se les notificó una medida cautelar de prohibición de innovar, comparecieron a juicio y no respetaron la medida, arrendando además a un tercero el sector que habían tomado. El Juez despachó otra medida con fecha 30 de agosto por la cual mandó a que los postes se reestablezcan en los límites del campo".

Cumpliendo esa medida, el 21 de octubre fue el oficial de justicia a notificarles la medida cautelar dispuesta. Ellos dijeron que no la iban a cumplir, y manifestaron que contaban con el apoyo del poder policial, político y ejecutivo.

Un incidente anticipado 

El letrado explicó que luego que los empleados del dueño del campo comienzan a hacer el empostado donde estaba demarcado, el día 22 a la tarde se apersonó un grupo numeroso de gente munido de palos, cuchillos y elementos contundentes. 

"Comienza una discusión, ellos argumentaban que era un camino vecinal, pero es un camino interno del campo, que quedó desguarnecido al quitar lo alambres perimetrales. Ellos denuncian dos heridos de bala, lo que es falso, ya que los balazos los recibieron los empleados del campo. Uno de los trabajadores le destrozaron la rodilla y el martes lo tienen que operar".

Irregularidades de todo tipo

El abogado manifiesta que este grupo habría vendido su propiedad comunitaria, lo que está prohibido, por lo que se trasladan como otras regiones de la provincia y desde ahí pretenden formar una nueva comunidad, y que cuentan con el apoyo del poder político.

"El poder político local teniendo más de 12 millones de has fiscales, la organización campesina nunca las ocupa, siempre van a tierras de dominio privado. En ese caso la ley es clara, es el Estado quien debe darles la propiedad. Mandan a los vándalos y después afectan el patrimonio particular en beneficio de una comunidad que no les corresponde", disparó.

Tenemos un herido de bala, no podemos ingresar al campo usurpado, al que sí pueden ingresar los usurpadores, con custodia policial que los protege, es un escándalo esto.

La mirada del MOCASE 

Por su parte, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) emitió un comunicado sobre los hechos recientes en el marco de un prolongado conflicto por tierras que involucra al empresario español Alfonso Fuentes Barrau y la Comunidad Indígena Sentimiento de Mi Tierra del Pueblo Originario Sanavirón, en el paraje Las Abras, Departamento Mitre. 

Según el MOCASE, "este conflicto data de más de 40 años, desde que Fuentes Barrau habría usurpado las tierras comunitarias, arrasando infraestructuras públicas como una posta sanitaria, una escuela y un puesto policial, entre otras".

El movimiento denunció que el empresario "ha llevado a cabo una serie de acciones violentas, incluyendo la expulsión de familias campesinas, la matanza de animales y la destrucción de mejoras productivas comunitarias. Además, señalan que ha ejercido una persecución sistemática contra los miembros de la comunidad, empleando grupos armados para intimidar y amenazar tanto a adultos como a menores de edad". 

Lo único cierto, es que por estas horas, el campo santiagueño sigue en pie de guerra.