Naranjitas piden que "haya 2.000 empleos y el sistema quede en cooperativas"

A días de que la Legislatura avance con la normativa que regula la actividad de los llamados “naranjitas” y limpiavidrios, el debate en Córdoba suma voces clave. 

Entre ellas, la de Noel Quinteros, referente de la cooperativa Tosco Vive, quien respaldó el proyecto y planteó la necesidad de fortalecer el sistema formal.

La iniciativa, que se aprobaría en breve y comenzaría a regir en aproximadamente una semana, establece la prohibición de los limpiavidrios y de los cuidacoches informales, permitiendo únicamente la actividad enmarcada dentro de cooperativas habilitadas por el municipio para el cobro del estacionamiento en la vía pública.

Actualmente, en la capital provincial funcionan seis cooperativas autorizadas que agrupan entre 400 y 500 trabajadores. 

Sin embargo, se estima que hay alrededor de 1.500 personas que realizan la actividad de manera ilegal, por fuera de cualquier regulación.

El rol de las cooperativas

En ese contexto, Quinteros fue claro al defender el modelo cooperativo como eje de la solución: “Hay entre 400 y 500 personas dentro del sistema, con seis cooperativas funcionando. Esa es la estructura que hoy está en condiciones de prestar el servicio de manera legal”.

Además, explicó que el ingreso a estas organizaciones no es automático, sino que requiere cumplir con una serie de requisitos: certificado de buena conducta, domicilio, apto psicofísico, documentación personal y verificación de antecedentes, entre otros.

“Las cooperativas también se reservan el derecho de admisión, aun cuando se presenten todos los papeles”, detalló.

Ingresos y funcionamiento

Respecto al esquema económico, el referente indicó que cada trabajador realiza un aporte mínimo a la cooperativa. “En nuestro caso, es el equivalente a un auto por turno, que representa alrededor de un 5% del ingreso diario”, explicó.

En cuanto a la recaudación, señaló que los ingresos han caído en el último tiempo, aunque estimó que un “naranjita” puede generar entre 20.000 y 30.000 pesos por día.

El desafío del control

Uno de los puntos más sensibles del debate es qué ocurrirá con quienes hoy trabajan fuera del sistema. Sobre esto, Quinteros fue categórico: “Nosotros no estamos de acuerdo con la informalidad. Lo que se necesita es que el Estado municipal regularice y controle”.

En ese sentido, planteó que la solución no pasa por la represión individual, sino por un cambio de conducta social y una implementación efectiva de la ley. “Si una actividad está prohibida, el usuario tampoco debería favorecerla pagando”, sostuvo.

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Una discusión abierta

La futura normativa también reconoce formalmente a las cooperativas como prestadoras del servicio de estacionamiento controlado en las zonas asignadas, al tiempo que prohíbe el cobro indebido por parte de personas no autorizadas.

Con la aprobación inminente, el foco estará puesto en la implementación y en cómo se abordará la situación de quienes hoy quedan fuera del sistema. 

Mientras tanto, desde el sector cooperativo insisten en una idea central: ordenar la actividad sin perder de vista el impacto social y laboral que implica.

Informe de Alejandro Bustos