Los pobres mueren 11 años antes: "Hay ocho veces menos adultos mayores"

Un informe del Centro para la Integración Sociourbana (Cisur) reveló una desigualdad estructural alarmante: quienes viven en barrios populares mueren, en promedio, 11 años antes que el resto de la población.

Según el estudio, realizado a partir de datos del Censo 2022, registros del Ministerio de Salud y el relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap), la esperanza de vida en estos sectores es de apenas 60 años, frente a los 71 años promedio en el resto del país.

“Esperábamos encontrar una diferencia de dos o tres años. Cuando nos dio once, nos conmocionó”, señaló Rafael García Lazo, politólogo y militante de la organización Somos Fuego, en diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, donde detalló los hallazgos del informe. Según remarcó, los datos no hacen más que confirmar lo que desde hace años se observa en los territorios: la precariedad de las condiciones de vida tiene un impacto directo y brutal en la longevidad.

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En Argentina existen 6.500 barrios populares, donde viven alrededor de 5 millones de personas, más del 10% de la población total. Son asentamientos, villas y tomas de tierra que, en su mayoría, no cuentan con servicios básicos como agua potable, red cloacal, electricidad segura o acceso formal a la propiedad.

Uno de los datos más impactantes del informe es la estructura demográfica de estos barrios: hay ocho veces menos personas mayores de 80 años y cuatro veces menos mayores de 65 en comparación con la media nacional. “La vejez, literalmente, desaparece en los barrios populares”, advirtió García Lazo. Y la imagen es aún más cruda al comparar con el pasado: la pirámide poblacional de los barrios populares actuales es casi idéntica a la de Argentina en 1914.

El “triángulo de la desigualdad”

El informe identifica tres factores clave que explican esta brecha de vida: condiciones habitacionales deficitarias, acceso limitado a la salud y precariedad laboral.

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En los barrios populares es común que las viviendas tengan pisos de tierra, materiales inadecuados, hacinamiento, humedad y falta de aislamiento térmico. En muchos casos, las familias deben perforar pozos para obtener agua mientras conviven con pozos ciegos, lo que incrementa los riesgos de enfermedades infecciosas.

A eso se suma la falta de acceso a servicios de salud adecuados. “Lo que en otros sectores es un problema, en los barrios populares se multiplica. No hay centros de salud cercanos, ni medicamentos, ni especialistas. Y si los hay, no siempre se llega”, explicó García Lazo.

El tercer vértice del triángulo es el trabajo informal. La mayoría de los habitantes de estos barrios no acceden a empleos registrados ni a jubilaciones dignas. 

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Incluso las personas mayores, cuando logran alcanzar esa edad, deben seguir trabajando para sobrevivir.

El Estado, en deuda

Para quienes elaboraron el informe, esta situación no responde a una fatalidad natural, sino a la falta de inversión pública sostenida. “Esto no es una condena de muerte inevitable. Hay mecanismos para revertirlo. Pero sin inversión directa del Estado, no hay solución posible”, advirtió García Lazo, quien señaló como ejemplo la subejecución del Fideicomiso de Integración Sociourbana, destinado a obras de urbanización y mejora del hábitat.

En un contexto económico donde las prioridades estatales parecen orientadas a la especulación financiera, el estudio expone una realidad persistente e ignorada: en Argentina, el código postal sigue determinando cuántos años de vida tiene una persona.

Entrevista de Lucas Correa.