Alquiler social en Rosario: proponen una "experiencia piloto" con casas decomisadas

Un proyecto presentado en el Concejo Municipal de Rosario busca crear un régimen de alquiler social destinado a familias y personas que atraviesan dificultades económicas o situaciones de vulnerabilidad habitacional. La iniciativa propone utilizar, como experiencia piloto, un edificio decomisado que actualmente se encuentra en manos de la provincia y cuenta con 27 departamentos.

El proyecto es impulsado por el concejal Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía, quien planteó la necesidad de aprovechar inmuebles que se encuentran bajo dominio estatal para dar respuesta a una problemática que, según describió, se profundizó en los últimos años: las dificultades de amplios sectores de la población para acceder a una vivienda formal.

“Lo primero es que estamos en un contexto de una necesidad real: grandes sectores de la sociedad tienen dificultades para el acceso a la vivienda y el alquiler”, sostuvo en diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario. En ese sentido, mencionó los casos de familias que quedan en situación de calle tras un desalojo y situaciones particulares vinculadas con discapacidad y otras condiciones de vulnerabilidad.

La propuesta busca que un inmueble que fue decomisado a raíz de una causa judicial no termine convertido simplemente en otro desarrollo inmobiliario. Se trata del edificio ubicado en Buenos Aires al 1063, que tiene 27 departamentos y podría convertirse en la primera experiencia de un programa de alquiler social en la ciudad si el proyecto avanza.

“Lo que dijimos es: combinemos la necesidad con una oportunidad y hagamos una prueba piloto”, explicó el edil. La idea es que las familias puedan acceder a los departamentos mediante contratos formales, con participación y regulación estatal y valores de alquiler que eventualmente sean inferiores a los del mercado.

Caruana aclaró que el planteo no se limita a ese edificio. Si la experiencia funciona, la intención sería evaluar la utilización de otros inmuebles estatales, viviendas ociosas o construcciones sin terminar para ampliar progresivamente el régimen.

El modelo que toman como referencia incluye experiencias desarrolladas en ciudades como Montevideo, Viena y Ámsterdam, donde existen distintas modalidades de vivienda y alquiler con participación del Estado. En el caso rosarino, la propuesta contempla que el municipio, a través del Servicio Público de la Vivienda, convoque a universidades y organizaciones que trabajan con familias en situación de vulnerabilidad para diseñar los criterios de acceso y funcionamiento.

Clave

Uno de los puntos que deberá definirse es quiénes tendrán prioridad para acceder a los 27 departamentos. Caruana reconoció que la cantidad resulta insuficiente frente a la demanda existente y señaló que podrían contemplarse situaciones de especial vulnerabilidad, entre ellas familias con integrantes con discapacidad, problemas de salud y personas que actualmente necesitan soluciones habitacionales transitorias.

“27 departamentos, con la gran demanda que nosotros tenemos, es cortísimo”, admitió. Por eso, insistió en que el objetivo principal es que el inmueble funcione como una experiencia piloto que permita evaluar el mecanismo y, a partir de sus resultados, avanzar hacia una política de mayor escala.

El proyecto también deberá resolver cómo se financiarán las eventuales obras de acondicionamiento y quién asumirá los costos de mantenimiento. Según dijo, el estado general de los departamentos sería bueno, aunque podrían requerir mejoras. La definición dependerá de la evaluación que realice el Estado y de las condiciones que finalmente establezca la reglamentación.

El concejal remarcó que la iniciativa no apunta a entregar dinero a las familias para que puedan pagar un alquiler, sino a establecer un esquema formal con derechos y obligaciones. “No queremos que esto sea un plan de una dádiva y de transferencia de dinero a las personas para que alquilen”, afirmó. En cambio, propuso un sistema basado en contratos, garantías y reglas determinadas por el Estado.

La discusión se enmarca en un problema habitacional que, según Caruana, excede a Rosario y se replica en numerosas ciudades. El edil planteó que el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios no necesariamente se tradujo en un mayor acceso a la vivienda para los sectores populares y propuso discutir el problema desde una perspectiva de derecho a la vivienda.

“Si lo abordamos desde una perspectiva de los derechos humanos, la verdad que cuatriplicar el número de personas en situación de calle, desde 300 o 400, hoy se está hablando de 2.000 personas y las organizaciones dicen que hay más de 2.500 o 3.000”, señaló.

En ese escenario, el proyecto busca abrir una discusión sobre el rol que pueden asumir los Estados municipal y provincial frente a la crisis habitacional. La primera medida propuesta es que la provincia ceda a la Municipalidad de Rosario el edificio de Buenos Aires al 1063 para que, a través del Servicio Público de la Vivienda y con participación de distintas instituciones, se diseñe el esquema de alquiler social.

Para Caruana, la clave será evaluar el funcionamiento del programa, corregir lo que sea necesario y determinar si puede replicarse en otros inmuebles. La propuesta apunta así a convertir una propiedad decomisada en una primera experiencia de acceso formal a la vivienda y, al mismo tiempo, abrir el debate sobre una política habitacional de mayor alcance para Rosario.

Entrevista de Lucas Correa.