Los números del primer año de gestión de Llaryora en la mira de la oposición

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2024, el balance oficial del primer año de gestión del gobernador Martín Llaryora, con duros cuestionamientos sobre el manejo de las finanzas provinciales. El organismo, que tiene mayoría opositora, advirtió sobre un déficit superior a los 65 mil millones de pesos, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, y una creciente falta de controles en la ejecución de la obra pública.

El vocal del Tribunal, Beltrán Corvalán, fue contundente: “Esto nos llena de preocupación. La provincia de Córdoba tiene un déficit: los ingresos son menores a los gastos. Es como en tu casa: si gastás más de lo que ganás, estás en problemas. Eso significa que se han mal administrado los recursos del 2024. Llaryora no es un buen administrador”.

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El rechazo a la Cuenta del Ejercicio —documento que compara lo presupuestado con lo efectivamente ejecutado— abre una polémica que seguramente escalará en la Legislatura Provincial, donde se espera que legisladores de la oposición impulsen pedidos de informe y debates específicos. Aunque por ahora no hay fecha definida, el tema promete instalarse en la agenda política de las próximas semanas.

Desde el oficialismo, la versión es distinta: en los últimos días, funcionarios del gobierno provincial han defendido la gestión 2024 asegurando que no hubo déficit, sino equilibrio e incluso superávit. Pero los datos presentados por el Tribunal de Cuentas contradicen esa afirmación.

Quien también sumó su voz crítica fue la legisladora radical Alejandra Ferrero, quien puso el foco en la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF), un organismo clave en la ejecución de obra pública. “El 70% de la obra la ejecuta la ACIF, que no tiene control. La administración central cada vez sistematiza menos la información, justamente para evitar el control. El gobierno está resistiendo la fiscalización y trasladando cada vez más funciones a la agencia, fuera del alcance del Tribunal de Cuentas”, denunció.

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Ferrero también apuntó contra el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, que exige una inversión mínima del 35% del presupuesto en educación, pero que, según afirmó, la provincia apenas alcanzó un 23%.

El documento técnico del Tribunal y las declaraciones de sus miembros colocan al gobierno provincial en una posición incómoda. Si bien por ahora no hay consecuencias jurídicas directas, el efecto político puede ser profundo: la legitimidad del discurso oficial sobre la eficiencia administrativa queda en entredicho.

La polémica recién empieza, y Córdoba se prepara para un nuevo capítulo de tensión entre oficialismo y oposición, con las cuentas públicas en el centro de la escena.

Informe de Guillermo López