Aumento de juicios laborales: "El 45% de lo que pagan las ART queda en abogados"

A pesar de la notable reducción de accidentes laborales y muertes en los últimos años, los juicios por riesgos del trabajo en Argentina alcanzaron un récord histórico en 2025. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), ingresaron 134.000 demandas, lo que representa un aumento del 200% respecto a 2020. La paradoja es que mientras los siniestros disminuyeron 55% y las muertes 80%, los juicios crecieron exponencialmente, evidenciando un problema en el sistema de riesgos laborales del país.

En comparación con otros países de la región, Argentina registra niveles de litigiosidad muy superiores: 23 veces más juicios que en Chile y 16 veces más que en Brasil. La situación preocupa a las aseguradoras y especialistas, ya que el incremento de los procesos judiciales no refleja necesariamente un aumento de los accidentes, sino problemas estructurales en la administración de las demandas.

Julián García, director ejecutivo de ADIRA, explicó en Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario que “los datos de UART son totalmente reales. La cantidad de juicios en 2025 ha sido récord, pero viene creciendo en los últimos años: en 2022 hubo 93.000, en 2023 117.000, en 2024 126.000 y en 2025 134.000”. Señaló que este crecimiento se debe a un proceso histórico: “En la década del ’90 no existía un sistema integral de riesgos del trabajo. La Ley de Riesgo de Trabajo trajo prevención y estructura, lo que redujo accidentes y muertes, pero con el tiempo el sistema fue deteriorándose, principalmente por el lado judicial”.

García subrayó que “el 92% de los juicios surgen de determinaciones de incapacidad cero en sede de riesgo de trabajo. A partir de ahí, se abre la posibilidad de ingresar al sistema judicial, lo que genera un crecimiento exponencial de los juicios”. Además, advirtió que “el sistema no es sostenible en el largo plazo. Hay múltiples factores, incluyendo la intervención de peritos judiciales cuyo honorario depende del resultado del juicio, lo que genera inflación de montos y afecta la imparcialidad de las determinaciones”.

Respecto de los intermediarios, García destacó que “el 45% de lo que pagan las ART queda en abogados y peritos, una cifra tremenda. Esto termina perjudicando a los trabajadores, porque la indemnización muchas veces no llega a quien realmente lo necesita”. También remarcó que la situación es particularmente compleja en provincias con mayor concentración de empleados, como Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, donde el porcentaje de juicios es mucho más alto que en otras jurisdicciones.

Sobre soluciones, García señaló que “no lo resuelve una nueva ley ni un decreto reglamentario. Esto requiere diálogo entre empresarios, sindicatos, Estado y aseguradoras para que el sistema cumpla su función: proteger al trabajador y al empleador. La clave es que la indemnización llegue a quien corresponde, y no se diluya en el entramado judicial”. A su vez, advirtió que los tiempos de resolución son variables: “En Santa Fe, normalmente los casos se resuelven en 26 meses, dentro de la media nacional, pero en otros lugares puede tardar más”.

Finalmente, García insistió en que el sistema de riesgos del trabajo es fundamental tanto para la protección de los trabajadores como para el funcionamiento del mercado laboral: “Si no logramos que el sistema funcione correctamente, el costo se traslada a las empresas y a los precios, y se pierde de vista el objetivo central: que el trabajador que sufre un accidente reciba la indemnización que le corresponde”. Por ello, señaló que es necesario ajustar el sistema para evitar que los juicios se conviertan en un beneficio para unos pocos intermediarios y no en un resguardo real para los afectados.

Entrevista de Jonatan Raimundo.