Rechazaron denuncia contra intendentes del Valle de Punilla

El fiscal de Instrucción de Cosquín, Martín Bertone, archivó una denuncia penal presentada por vecinos del Valle Punilla, quienes adujeron ser miembros de la “Asamblea Ciudadana Punilla”, en contra de los Intendentes de las Municipalidad de Cosquín, Bialet Massé y Santa María de Punilla por supuesto “Abuso de Autoridad” y “Omisión de los Deberes Funcionales”.

Los supuestos delitos se habrían cometido mediante la confección de notas en las que  autorizaban el Uso del Suelo de los territorios municipales para la realización de la obra vial de Alternativa a la Ruta n° 38 denominada “Autovía de Montaña o Pedemontana”.

Según los denunciantes, por un lado, le hubiese correspondido a los Concejos Deliberantes de cada una de las Municipalidades, y por el otro, no habrían obedecido los mandatos de las leyes nacionales y provinciales referentes al Uso del Suelo y del Cuidado del Medio Ambiente.

Bertone explicó a Cadena 3 que "las conductas denunciadas son atípicas y no encuadran en ninguna figura penal".

El Ministerio Público Fiscal informó, de esta manera, a  través de un comunicado que lo planteado por los vecinos no configuraba delito alguno, es decir, no reunía los requisitos necesarios para que el acto sea delictivo o sujeto a sanción penal, en base a los siguientes puntos:

A) mediante las notas confeccionadas, los Intendentes no autorizaban la obra, ni mucho menos ordenaban su realización, sino sólo solicitaban que los territorios municipales formaran parte del Estudio de Impacto Ambiental que llevaba a cabo el correspondiente ente estatal de la Provincia (Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la Provincia de Córdoba), quien luego de elaborado dicho estudio técnico resolvería la viabilidad o no de la obra –lo cual finalmente ocurrió con posterioridad; y  

B) El tenor de las notas no contrariaba las Constituciones –nacional y provincial- ni las leyes. Estas dos consideraciones descartan de plano la configuración de delito, tal como lo estipula el Código Penal.

Bertone, no obstante, no descartó que el reclamo de los presentantes puede tener otro camino legal para intentar solucionar el “conflicto” planteado.

Aclaró, además, que no es concreto que la obra pase efectivamente por la jurisdicción municipal, y sí lo hará con seguridad por territorio provincial.

Finalmente precisó que la construcción de vías terrestres de comunicación interjurisdiccional son de potestad exclusiva de la Provincia de Córdoba.