Violencia y amenazas en Rosario: dos presos y cinco imputados en libertad

Entre el lunes 10 y el martes 11 de agosto de 2026 se llevaron adelante las audiencias imputativas contra varias personas investigadas por distintos hechos de amenazas, lesiones, abuso de armas y usurpación ocurridos en Rosario.

El juez de Primera Instancia Alejandro Negroni tuvo por formalizadas las imputaciones y resolvió dictar prisión preventiva efectiva por 45 días para Gonzalo E. y Placencia W. En tanto, Ludmila E., Estefanía E., Maricel G., Camila H. y Kevin A. quedaron en libertad como alternativa a la prisión preventiva, aunque deberán cumplir reglas de conducta durante seis meses.

La acusación estuvo a cargo del fiscal José Luis Caterina, quien atribuyó a Gonzalo E. los delitos de amenazas coactivas calificadas y agravadas por el uso de arma, en carácter de autor, en concurso real con abuso de armas, también como autor.

Según la investigación, el hecho principal ocurrió el 2 de julio de 2026, alrededor de las 18.30, en inmediaciones de Liniers y las vías férreas de Rosario. De acuerdo con la Fiscalía, Gonzalo E., señalado como sobrino de Mauro G., habría abordado a los hijos de la víctima y comenzado a efectuar disparos con un arma de fuego mientras les profería amenazas de muerte. El arma, según la imputación, le habría sido entregada por Walter G.

A raíz de esa situación, la víctima se presentó en el lugar y comenzó una discusión con Maricel G., señalada como hermana de Mauro G.. Ambas habrían comenzado a agredirse mutuamente mediante golpes de puño, hasta que se acercaron otros familiares de Mauro G., entre ellos Estefanía y Ludmila E.. Según la acusación, las dos mujeres habrían lesionado a la damnificada en el rostro y la cabeza con un elemento cortante que les habría entregado Gonzalo E.

La secuencia, de acuerdo con la Fiscalía, no habría terminado allí. Durante la noche de ese mismo día, Kevin A. se habría presentado en la vivienda de un familiar de la víctima y le habría manifestado que él y Camila H. habían ocasionado daños en su domicilio. Por estos hechos, Kevin A. y Camila H. fueron imputados por amenazas simples, en carácter de coautores.

En tanto, Estefanía E., Ludmila E. y Maricel G. fueron imputadas como coautoras de los delitos de lesiones dolosas leves y amenazas.

Para la Fiscalía, los episodios se produjeron en un contexto particularmente sensible: el desarrollo de un juicio oral y público iniciado el 20 de julio de 2026 en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en el que la víctima se encontraba ofrecida como testigo. La acusación sostiene además que, con excepción de Estefanía y Ludmila E., varios de los involucrados ya fueron condenados o se encuentran actualmente sometidos a juicio en el marco de una investigación por una asociación ilícita que habría desarrollado su actividad delictiva en barrio Ludueña.

La audiencia también incluyó imputaciones por dos hechos de usurpación en concurso real, consumados, atribuidos a Andy B., Jonatan A. y Placencia W.

Según la acusación, Andy B. y Jonatan A. continuarían usufructuando ilegítimamente inmuebles ubicados en calle Solís al 300, cuya usurpación habría sido organizada y ejecutada por ambos en el marco de la asociación ilícita que integraban. Andy B. ya fue condenado en esa causa, mientras que Jonatan A. se encuentra actualmente atravesando un juicio oral.

La Fiscalía también atribuyó a Sandra W., pareja de Andy B., una presunta intervención en la administración de esos inmuebles, particularmente mediante el cobro mensual de dinero a los ocupantes de las viviendas investigadas. De acuerdo con la acusación, esa actividad se habría desarrollado durante al menos los últimos dos años en uno de los inmuebles de calle Solís al 300 y desde mediados de junio de este año en otro domicilio de la misma calle.

Con la resolución adoptada por el juez Negroni, Gonzalo E. y Placencia W. permanecerán bajo prisión preventiva efectiva durante 45 días, mientras que los restantes imputados beneficiados con la libertad deberán cumplir las reglas de conducta fijadas judicialmente durante los próximos seis meses. La investigación continuará para determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los acusados.